La audiencia deja en libertad a tres anarquistas que presuntamente colocaron una bomba en la almudena

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos presentados por tres anarquistas detenidos dentro de la 'operación Piñata' y les deja en libertad tras admitir el argumento de sus defensas de que el auto de prisión dictado por el juez Eloy Velasco no estaba suficientemente fundado. El magistrado les atribuía, entre otras cosas, la colocación de una bomba casera en la catedral de La Almudena, en Madrid.
El juez Eloy Velasco, titular del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional, decretó prisión incondicional para cinco de los 15 anarquistas detenidos por colocación de bombas incendiarias y terrorismo en el marco de la llamada 'Operación Piñata', desarrollada por los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada.
Una decena de ellos quedaron en ese momento en libertad con medidas cautelares, al igual que ahora ocurre con los tres recurrentes. El juzgado ya ha librado las correspondientes órdenes de excarcelación al centro penitenciario.
Velasco imputaba a los encarcelados un delito de “integración en organización terrorista de tipo insurreccionista-anarquista, pues a la característica del delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal se añade que su fin era el de subvertir el orden público y alterar gravemente la paz”.
Todos los enviados a prisión eran presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), cuyo principio básico es: “Entendemos el sabotaje como valioso en sí mismo en nuestro camino de desestabilización, colapso y destrucción del sistema y al mismo tiempo como propaganda que incite a la lucha contra todas las estructuras de dominación y extensión de la agitación y la revuelta, de los conflictos contra el poder y sus representantes. Nuestras ideas y formas de actuar deben estar dirigidas a extender la revuelta”.
La bomba colocada en La Almudena fue desactivada. Este grupo reivindicaba también el ataque a la basílica de El Pilar de Zaragoza. Jorge Linares está ya en libertad provisional, con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Javier García Castro, otro de los liberados, estaba acusado de pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de armas para uso terrorista. La Sala admite su recurso y establece que se presente cada 15 días el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio español. A Enrique Balaquer Pérez, el tercero de los encausados, le impone también comparecencias quincenales ante el juez.
A todos ellos el magistrado los relacionaba con actos de coordinación y promoción de sabotajes, entre ellos daños en 114 cajeros automáticos y estragos en sendas sucursales de Bankia y Caixa Catalunya.
Se investigaba también su relación con los artefactos colocados hace dos años en la basílica del Pilar de Zaragoza, donde resultó herida una persona y causaron daños materiales en el templo, y en la catedral de la Almudena de Madrid, donde la bomba ubicada en un confesionario no llegó a estallar.
Entre los elementos incautados en los 17 registros que la Policía llevó a cabo, tanto en centros sociales 'okupados' como en viviendas privadas, se encuentran manuales para confeccionar explosivos y de táctica de guerrillas, fotos de policías y de comisarías como presuntos objetivos de sus ataques, reivindicación de actos con artefactos incendiarios, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas, manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial, así como dispositivos técnicos de acceso cifrado a 'wifi' para hacer anónima su navegación en Internet, ocultos en bolsas de aseo.