El magistrado recién llegado a la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixera, ha tomado su primera decisión de calado en el procedimiento del Banco Popular. El nuevo instructor ha imputado al Banco Santander en la causa por la ampliación de capital de 2016 al considerar que debe responder penalmente por estos hechos tras haber adquirido el banco en junio de 2017.
El instructor explica en un auto con fecha del 15 de enero, que dirige este procedimiento contra la entidad que preside Ana Botín "por la sucesión procesal por absorción" y añade que, una vez se emita el informe pericial que se encomendó a los expertos del Banco de España se acordará la consecuente citación judicial del representante legal de la entidad. De hecho, en su escrito explica que queda acreditado que el Santander "adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales" integrantes del Popular.
El procedimiento, que arrancó en octubre de 2017, se dirigió inicialmente contra sus dos expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y y por manipulación de mercado al difundirse desde la entidad noticias falsas antes de su venta al Santander por un euro. El magistrado que comenzó instruyendo la causa, Fernando Andreu, decidió dejar las citaciones en el aire a la espera de obtener los resultados de esta prueba pericial encargada al Banco de España.
Sin embargo, el avance de las pesquisas se vio perjudicado por el intervalo de tiempo transcurrido entre la salida de Andreu del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la llegada del nuevo magistrado, el cual, a tenor del escrito, adopta la misma línea de investigación de su antecesor: es decir, aguardar a las conclusiones que aporte el supervisor a la causa antes de tomar nuevas diligencias. Con todo, el procedimiento ha seguido avanzando y, prueba de ello, es que el expresidente de la entidad Ángel Ron presentó esta misma semana un escrito, al que tuvo acceso este diario, y en el que cargaba contra la CNMV por divulgar a los medios el expediente sancionador que abrió contra él por las cuentas anuales de 2016.
El Santander quiere excluir a los que no participaron en la ampliación
A falta de conocer cuál va a ser la estrategia de defensa de la entidad ya como investigada, lo cierto es que el banco ha dado buena muestra a través de sus escritos de su negativa a que los accionistas que no acudieron a la ampliación de capital de 2016 estén personados en la causa principal. De hecho, ha pedido al juez en determinadas ocasiones que no les deje personarse como damnificados puesto que no pueden alegar engaño del contenido del folleto de la emisión de valores si no participaron en este proceso. Es más, quiere que quede patente que la causa se divide en dos investigaciones totalmente diferentes entre sí.
Sobre este punto, el anterior instructor respondió siempre en la misma línea y fue la de argumentar que la investigación es una y en ella deben figurar los accionistas, aunque no estuvieran perjudicados directamente por la ampliación de 2016. También fue muy crítico con la entidad en lo que respecta a la petición de información más que relevante para la causa por el espacio de tiempo en que tardaron en aportarla si bien, una vez entregada, la entidad pidió que no se facilitara a las partes del procedimiento dado el "gran valor estratégico" de la mima y el "perjuicio irreparable" que podría causar su difusión.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios