El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación penal para esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con el fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia que intentó poner en marcha la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y costó unos 90 millones de euros a las arcas públicas, informan fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 abrió diligencias en agosto por los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario tras admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha denuncia se sustenta en un informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes, que apuntan que por el momento no hay investigados.
La Comunidad de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía el pasado mes de abril dicho documento, que recogía que el importe total de contratación obtenido de los trabajos de fiscalización ascendía a 355,6 millones de euros. Al hilo, advirtió que la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM) no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase el respeto de las normas esenciales de contratación pública y contabilidad.
En concreto, describió irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justificara, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.
La Ciudad de la Justicia, denunciada por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pretendía agrupar todas las sedes judiciales en Valdebebas. Pese a su elevada dotación económica para la urbanización y construcciones de edificios en el complejo, en realidad solo constan realizados los túneles de acceso así como el Instituto de Medicina Legal, aunque están inacabados y en situación de abandono.
Investigación extensa
Entre las operaciones que investiga De la Mata se encuentran la gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la fase 1 del campus, la aplicación de las nuevas tecnologías en el este proyecto, la consultoría para la implantación de un sistema integral de seguridad en el lugar o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También serán objeto de las pesquisas la asesoría técnica que se prestó para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica, el mantenimiento de la sede social en la calle Miguel Ángel o el patrocinio y promoción de dicho campus, entre otros.
El informe de la Cámara de Cuentas recoge tanto el proyecto inicial, que se puso en marcha durante el gobierno de Esperanza Aguirre como las gestiones posteriores ya con Ignacio González como presidente de la Comunidad.
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