La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario para gran parte de los archivos incautados al comisario jubilado José Manuel Villarejo en el marco de la operación 'Tándem'. No obstante, todavía mantiene esta medida para todo el material que a día de hoy sigue encriptado.
De esta manera, los magistrados de la Sección Tercera admiten parcialmente el recurso interpuesto por Anticorrupción aunque establecen una clara diferenciación entre toda la documentación ya analizada (tanto en papel como digital) de la que todavía se tiene que descifrar. Este cometido, de hecho, se ha encargado al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tras su labor, la Policía Judicial procederá al análisis de todo este material.
Explica el auto que resulta "obvio" que haber encriptado el acceso a la información telemática que se encuentra en un disco duro constituye en sí una medida de seguridad de los investigados, especialmente de Villarejo y su exsocio Rafael Redondo. Además, asegura que el hecho de que los expertos tengan que trabajar sobre el contenido para facilitar su acceso, distanciará en el tiempo las oportunidades que tengan las partes imputadas en Tándem para acceder al mismo.
En lo que respecta a la presunta existencia de material sensible entre todo lo incautado en los domicilios que tiene Villarejo en Madrid y Estepona (Málaga), los magistrados concluyen que Anticorrupción "no ha significado expresivamente elemento alguno" que pueda atentar directamente contra la seguridad del Estado. No obstante, de efectivamente ser así, debería expurgarse definitivamente de este procedimiento penal.
Al respecto, cabe recordar que el propio comisario ha expuesto en innumerables escritos dirigidos al instructor de la causa que, entre todo el material que analiza la Policía Judicial, existe un gran número de archivos que tendrían que ser destruidos puesto que contienen información sensible que podría comprometer a la seguridad nacional, si bien no ha ofrecido más detalles sobre los mismos.
Discrepancia entre el instructor y los fiscales
Los fiscales al frente del caso recurrieron la decisión del magistrado De Egea en la que acordaba levantar parcialmente el secreto de la pieza principal por haber transcurrido un determinado tiempo sin que Villarejo y su socio Rafael Redondo tuvieran conocimiento de los hechos y por el avance de las pesquisas que comenzaron el 5 de noviembre de 2017. De hecho, el estallido de la operación conllevó la detención de los dos investigados arriba mencionados, si bien a día de hoy solo permanece en prisión Villarejo.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del magistrado al considerar que se debía mantener la medida, puesto que se seguían llevando a cabo diligencias de investigación y subsistían los motivos para mantener el secreto con el fin de evitar que los acusados intervenieran de alguna forma en estas medidas. Igualmente argumentaron la necesidad de tramitar las diligencias "sin interferencias ni manipulaciones" dirigidas a obstaculizar la averiguación de los hechos o el ocultamiento de los bienes procedentes del delito.
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