La Audiencia levanta la imputación contra Osuna por el caso Quality Food

Cádiz, 31 oct.- La Audiencia Provincial de Cádiz ha dejado sin efecto la imputación de un delito de malversación de caudales públicos al exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, dentro del caso "Quality Food", porque entiende que esta acusación se formalizó "con infracción de las normas procesales".

Así consta en el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz que estima los recursos de los abogados de Miguel Osuna y Manuel Gallardo contra el auto del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz que el pasado 14 de febrero de 2013 imputó a ambos un delito de malversación de caudales públicos.

Aquel auto se produjo después de que el año pasado un nuevo informe de la Abogacía del Estado diera un vuelco a este caso, que se investiga desde el 2005, ya que el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, que en su día denunció los hechos como si hubiera sido víctima de una estafa de los gestores de Quality Food, pasó a ser considerado presunto partícipe de la misma.

En el auto el juzgado imputó un delito de malversación de caudales a Miguel Osuna y al fundador de Quality Food y ex dirigente local de Nuevas Generaciones Manuel García Gallardo, que ya estaba imputado en este proceso, junto a otros gestores de la compañía de preparación y distribución de comida precocinada, por los delitos como estafa, apropiación indebida y administración fraudulenta.

El juzgado que acordó entonces ampliar las diligencias previas del procedimiento abreviado e imputó un delito de malversación de caudales públicos a Osuna y García Gallardo ha quedado ahora sin efecto ya que, según la Audiencia Provincial de Cádiz, se emitió sin haberles informado de los hechos que se le imputaban y "sin haberles tomado declaración como imputados", lo que "causa indefensión".

La Sala entiende por tanto que la imputación se dictó "con infracción de las normas procesales" por lo que estima los recursos de apelación de Osuna y García Gallardo y deja "sin efecto alguno el auto impugnado".

No obstante la Audiencia recuerda que la titular del juzgado acordó tomar declaración a los dos imputados primero en diciembre de 2012, una cita que se pospuso hasta el 1 de febrero de 2013, cuando Miguel Osuna se negó a declarar y García Gallardo pidió la suspensión de la misma.

La Audiencia menciona que la instrucción de este caso no ha acabado, y de hecho tiene pendientes tomar próximamente declaración a, entre otros, uno de los nuevos imputados que se han sumado recientemente a la instrucción, el primer teniente de la alcaldesa de Cádiz y consejero de Zona Franca por el PP, Ignacio Romaní.

La imputación de Romaní se produjo por su presencia en la votación que llevó a la Zona Franca de Cádiz a comprar el 52 por ciento de Quality Food.

El auto del juzgado que ahora ha quedado sin efecto señala que, además de una lista de créditos, préstamos y avales millonarios que la Zona Franca dio a Quality Food, Zona Franca adquirió el 52 por ciento de esta empresa en el 2003 abonando más de 5,4 millones de euros, frente a los 1,4 que hubiera tenido que afrontar con una "valoración independiente" del valor de las acciones de una firma que entonces tenías unas pérdidas de cerca de seis millones de euros.

El auto señala que la compra de la firma fue una propuesta que Miguel Osuna llevó al comité ejecutivo de la Zona Franca, sobre otra distinta que propuso el abogado del estado.

"De las diligencias practicadas se deduce que Miguel Osuna desvió fondos públicos en su condición de delegado del estado de la Zona Franca de Cádiz para la corporación" con "la intención de obtener un enriquecimiento injusto, y de favorecer a García Gallardo y a su compañía, asevera el auto del juzgado que la Audiencia Provincial ha quedado sin efecto.