La audiencia nacional envía a prisión al proxeneta rumano “cabeza de cerdo”

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó este domingo el ingreso en prisión preventiva del presunto proxeneta rumano Ioan Clamparu, conocido como “Cabeza de cerdo”, acusado de ser el líder de una organización que explota sexualmente en España a jóvenes de Rumanía.
Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que Clamparu, que compareció este domingo ante el juez Moreno tras ser detenido, se ha negado a ser extraditado a Rumanía. Contra él pesan varias órdenes europeas de detención y entrega.
Italía, por un lado, reclama su extradición para que cumpla la condena que le impusó en 2008 un tribunal de Milán por transportar desde España 27 kilos de cocaína.
Clamparu, además, ya fue condenado por un delito de tráfico de seres humanos en Rumanía, país que le reclama para que cumpla la pena impuesta. La sentencia, dictada por un tribunal de Bucarest en 2004, señala que Clamparu era el líder de un grupo delictivo que se dedicaba a trasladar a jóvenes rumanas a varios países, entre ellos España, “forzándolas a ejercer la prostitución y quedándose con las ganancias obtenidas por ellas”.
La Orden Europea de Detención y Entrega cursada por las autoridades de Rumanía señala que la red de Clamparu se estableció en España en el año 2003 y cuenta con ramificaciones en varias provincias.
Clamparu, máximo líder de la organización delictiva, tiene hasta cinco alias conocidos. Además de “Cabeza de cerdo”, recibe el apelativo de “El padrino”, “Juan de Madrid”, “El Papá” o “El hombre”.
AMENAZAS Y EXTORSIONES
Las jóvenes, procedentes de familias desfavorecidas, eran captadas en Rumania con la promesa de realizar en España “trabajos bien remunerados”, principalmente como “bailarinas, amas de llaves o camareras”.
Una vez en España, se les obligaba a prostituirse, amenazándolas y quedándose con su documentación. La organización también amenazaba con agredir a los familiares de las jóvenes en Rumanía.
La principal zona de acción de la organización criminal era la Casa de Campo de Madrid, donde llegaron a tener trabajando a cerca de 150 jóvenes rumanas, vigiladas por miembros de la red.
Las jóvenes debían someterse a estrictas reglas, entre ellas la de aceptar sólo clientes de nacionalidad española, “en ningún caso rumanos, búlgaros, albaneses o marroquíes”, señala la petición de extradición cursada por Rumanía.