Madrid, 18 sep.- El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con las posturas muy divididas, decidirá a partir del próximo martes el destino del llamado 'caso Faisán', en el que se investiga la autoría del "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión.
Un tribunal formado por quince magistrados verá ese día los recursos contra el auto en el que el juez Pablo Ruz procesó por colaboración terrorista o encubrimiento y revelación de secretos al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.
En la vista del martes, que no será pública y que se celebrará en las instalaciones que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), la Sala se limitará a escuchar los alegatos de cada una de las partes personadas en la causa: las tres defensas, la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia, el PP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la AVT.
Así, los abogados de García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros sostendrán que sus representados no tienen relación con los hechos investigados y pedirán el archivo del caso, mientras que la Fiscalía dirá que sólo aprecia un delito de revelación de secretos que debe ser enjuiciado en Irún (Guipúzcoa), donde se produjo el "chivatazo", y no en la Audiencia Nacional.
Por su parte, las acusaciones mantendrán que los procesados cometieron un delito de carácter terrorista, el de colaboración con ETA, por lo que el caso debe permanecer en este tribunal.
En el auto de procesamiento, el juez Ruz afirmó que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".
Para el juez, en el "chivatazo" a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos", y permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".
Los magistrados, según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional, no comenzarán al menos hasta el miércoles sus deliberaciones, que podrían prolongarse varios días ya que, en principio, no hay una mayoría clara a favor de ninguna de las posturas.
Y es que el pleno deberá pronunciarse no solo sobre la existencia o no de indicios suficientes para dictar el procesamiento, sino sobre la calificación jurídica de los hechos, que será la que al final determine qué órgano es el competente para enjuiciarlos.
Los recursos debían haber sido resueltos por un tribunal formado por tres magistrados de la sección segunda, pero el pasado 26 de julio el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, decidió avocarlos al pleno "por la complejidad e importancia jurídica" de este asunto.
Aunque el pasado día 7 Gómez Bermúdez convocó "a la totalidad" de los miembros de la Sala, tres de los cuatro magistrados de la sección tercera han anunciado que no participarán en el pleno.
Se trata de Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz-Polanco y Clara Bayarri, quienes -en caso de que se decidiera que la causa debe permanecer en la Audiencia Nacional- formarían el tribunal encargado de enjuiciar los hechos.
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