La empresa sevillana Abengoa tendrá que rendir cuentas en la Audiencia Nacional tras su imputación por presunto maquillaje de las cuentas relativas a los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2016, cuando todavía era presidente Felipe Benjumea. El magistrado Ismael Moreno ha reactivado esta investigación abierta hace ahora cuatro años y ha decidido, a instancias de la Fiscalía, imputar a la compañía andaluza así como a Deloitte por falsear presuntamente los estados financieros de ese ejercicio teniendo en cuenta que, un año después, no salió adelante la ampliación de capital prevista por la retirada de los bancos que iban a suscribirla y que llevó a la compañía a presentar preconcurso de acreedores.
El magistrado admite de esta forma una ampliación de querella formulada por la plataforma de perjudicados de Abengoa por presunto delito de estafa de inversores y por la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española entre los años 2014 y 2016. Se trata de un procedimiento penal que arrancó en el año 2017 contra el entonces presidente de la compañía Felipe Benjumea y su consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. Ambos fueron juzgados junto con otros exmiembros del Consejo de Administración de la compañía sevillana por las millonarias indemnizaciones que cobraron a su salida de la compañía; sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal (misma que ha juzgado el caso Bankia) les absolvió al no ver delito en sus actuaciones.
No obstante, esta parte de las pesquisas relativas a las cuentas de la empresa se retoman a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual entiende que existen indicios suficientes como para considerar que se alteraron los estados contables de Abengoa el año anterior y posterior a la ampliación de capital, lo que podría tener "efectos perjudiciales" para sus socios, accionistas y terceros. En concreto, el Ministerio Público da especial credibilidad al informe pericial aportado por la acusación y que vendría a recoger la "sistemática ocultación de sustanciales pérdidas de sus activos", además de la inclusión de certificaciones de obra que no han quedado lo suficientemente acreditadas.
Documento clave del ICAC
El magistrado -que también imputa a las consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y al socio responsable de la auditora Manuel Arranz- explica que también ha sido determinante la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 20 de febrero de 2018. En el mismo se sancionó a la auditora Deloitte y su socio Manuel Arranz al constatar irregularidades cometidas en el seno de la sevillana que afectaron de manera directa a la imagen fiel que estaba trasladando al mercado con "el aval de la conquerellada Deloitte".
Es por ello que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acuerda una batería de diligencias entre las que se encuentra tomar declaración a Mercedes Gracia, Alicia Velarde (juzgada y absuelta en la pieza sobre las indemnizaciones millonarias) y Manuel Arranz. Igualmente se acuerda lo solicitado por la plataforma querellante de llamar a declarar en calidad de testigo a la técnico del ICAC Isabel Serantes; Laura Seijas Deus; Fernando Lafuente Seseña y Julián García Woods.
"Realidad diametralmente distinta"
El motivo por el cual el magistrado suma las imputaciones de Gracia y Velarde es que ambas exconsejeras fueron responsables durante años del "proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la compañía" así como del desarrollo de la auditoría, lo que a juicio del magistrado Moreno se traduce en una "inestimable complicidad y colaboración" con Benjumea y Sánchez Ortega, ambos querellados ya en esta investigación penal. Añade el instructor que todos ellos acometieron una grave alteración falseando la realidad económico financiera de Abengoa y la ocultaron a "miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía".
"Ello les llevó a representar una realidad diametralmente distinta a la verdadera, hasta el punto de que donde había expectativas de beneficios y dividendos en verdad habían pérdidas de tal magnitud que se hizo insostenible viéndose obligada a reconocer su situación de insolvencia", reza el auto del instructor. Cabe destacar que a esta nueva imputación se suma el frente abierto que mantiene Benjumea con las entidades Banco Santander y HSBC a las que reclama 1.000 millones de euros en calidad del perjuicio causado por su retirada en la ampliación de capital del año 2015 la cual finalmente no se llevó a cabo y abocó a la compañía andaluza a preconcurso de acreedores. La vista por las demandas civiles presentadas por el expresidente de la sevillana se acoge este miércoles a las 10.00 horas.
Por su parte, fuentes de Deloitte defienden que, desde el momento en que se pusieron de manifiesto los problemas de liquidez de Abengoa en septiembre 2015 y antes de la solicitud de preconcurso por parte del Consejo de Administración, se incluyó una incertidumbre material de viabilidad en el informe de auditoría de las cuentas semestrales de 2015. Igualmente sostienen que el ICAC no cuestionó el trabajo de las cuentas de 2014 y que no contempló la necesidad de realizar ningún ajuste a los estados de ese ejercicio.
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