La Audiencia Nacional juzga hoy al último de los acusados por el 11-M

  • Madrid.- El español de origen sirio Moutaz Almallah Dabas, último de los procesados por los atentados del 11-M que queda por ser juzgado, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de hoy para enfrentarse a una petición del fiscal de 8 años de cárcel por colaboración con banda armada.

La Policía relaciona al procesado Almallah Dabas con los autores del 11-M muertos en Leganés
La Policía relaciona al procesado Almallah Dabas con los autores del 11-M muertos en Leganés

Madrid.- El español de origen sirio Moutaz Almallah Dabas, último de los procesados por los atentados del 11-M que queda por ser juzgado, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de hoy para enfrentarse a una petición del fiscal de 8 años de cárcel por colaboración con banda armada.

Almallah no pudo ser juzgado en el macrojuicio por los atentados de Madrid, celebrado en 2007, por encontrarse detenido en el Reino Unido, desde donde fue extraditado a España el 8 de marzo de ese mismo año, cerca de un mes después de que comenzara la vista oral.

Moutaz, al igual que su hermano Mouhannad, -que fue juzgado en 2007 y quedó absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado a 12 años de cárcel por la Audiencia Nacional-, está acusado de captar a jóvenes islamistas para enviarles como muyahidines a zonas en conflicto y a los que albergaban en una vivienda alquilada en la calle de Virgen del Coro de Madrid.

Meses después de su extradición, el 31 de octubre de 2007, Moutaz quedó en libertad bajo fianza de 10.000 euros por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que sustituyó en el juzgado a Juan del Olmo, instructor de la causa del 11-M.

Velasco le impuso esta fianza a petición del fiscal Miguel Ángel Carballo a raíz de la absolución de su hermano.

Para absolver a Mouhannad, el Supremo argumentó que, aunque había quedado acreditada su "inclinación" hacia ideas violentas propias del islamismo radical, así como sus contactos, más o menos intensos, con otras personas que pudieran participar de las mismas, no se había podido demostrar su integración en un grupo terrorista.

Esta decisión provocó que la Fiscalía pidiera la libertad bajo fianza de Moutaz en agosto -un mes después de la sentencia del Supremo-, ya que las pruebas que esgrime sobre su colaboración con la célula que perpetró el 11-M son similares a las que empleó en el proceso contra su hermano.

En concreto, el fiscal acusa a Moutaz Almallah de ser el arrendatario del local de la calle de Virgen del Coro, en Madrid, en el que supuestamente se celebraban reuniones de adoctrinamiento y captación a jóvenes islamistas para enviarles como muyahidines a zonas en conflicto.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la investigación policial evidenció los contactos que Moutaz Almallah mantenía con el considerado líder de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat, "Abu Dahdah".

Tras la detención de éste a finales de 2001, Almallah Dabas, "siguió manteniendo contacto con personas radicales islamistas, a las que facilitaba el acogimiento en España" en la vivienda de Virgen del Coro.

Allí, prosigue el escrito, se celebraban reuniones de adoctrinamiento en las que estuvieron presentes Serhane ben Abdelmajid, "El Tunecino" -suicidado en Leganés el 3 de abril de 2004-, Mustafá Maymouni - condenado en Marruecos por los atentados de Casablanca en 2003-, y otros presuntos implicados en el 11-M.

Además, guardaba en el sótano textos referidos a Osama Bin Laden para su distribución y usaba estrictas medidas de seguridad en las comunicaciones telefónicas (al considerar que los teléfonos podían estar intervenidos policialmente), lo que le llevaba a usar cabinas telefónicas públicas y locutorios y a cambiar constantemente las tarjetas de telefonía móvil.

Por otro lado, no se le conoce una actividad laboral que justificase ingresos económicos y vivía incluso en domicilios de conocidos radicales islamistas investigados en España.

Pese a ello, en 2001 denunció la sustracción de cerca de 9.000 euros que tenía en el domicilio donde vivía y que el fiscal sospecha que procedían "de la recaudación de dinero que después trasladaría para actividades de apoyo a su labor a favor de los radicales islamistas".

Por estos hechos, el fiscal solicita, además de la pena de cárcel, que se le imponga una multa de 12.000 euros.

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