La Audiencia Nacional procesa a veinte militares salvadoreños por la matanza de jesuitas en 1989

Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a 20 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador en 1989 a los que acusa de los delitos de asesinatos terroristas y lesa humanidad o contra el derecho de gentes.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado hoy, en el que decreta la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza en caso de que se les entregue, además de ordenar que presten fianza individual de 3.200.000 de euros de fianza "para asegurar la responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".

Los hechos por los que se les ha procesado ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López, a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.

Entre los procesados figuran los generales Rafael Humberto Larios -entonces ministro de Defensa- y Juan Rafael Bustillo, los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares y el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.

Asimismo están acusados los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, además de los cabos Ángel Pérez Vasquez y Oscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.

Velasco enmarca los hechos en la "polarización" que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y recuerda que los jesuitas "habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevase a cabo".

Según relata el auto, un grupo de oficiales de elite, denominado "la Tandona", adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas, que fue ejecutada por Benavides, que dio la "orden directa" al batallón Atlacatl para desarrollarla, a los que se les pidió que "simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes" una vez que estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN.

El juez describe que cuando los militares llegaron a la UCA, los jesuitas salieron "alertados por el ruido" y se tiraron al suelo por orden de Ávalos, que en su "confesión" recordó que "no parecían peligrosos", eran bastante mayores e iban "desarmados", por lo que "tuvo que recordarse a sí mismo que eran 'delincuentes terroristas' y que sus 'cerebros era lo que importaba'".

Al mismo tiempo que Ávalos y otro militar ya fallecido dispararon a la cabeza a los sacerdotes, el sargento Zarpate disparó a la cocinera y su hija, "que se agarraban la una a la otra", pero cuando Ávalos descubrió que "aún seguían vivas en el suelo abrazadas", ordenó a Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte.

Velasco recuerda que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que califica de "defectuoso" ya que acabó "con dos condenas forzadas -para Benavides y Mendoza, que quedaron en libertad en 1992 tras la aprobación de una Ley de Amnistía- y la absolución de incluso asesinos confesos".

"Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, todos ellos miembros de la unidad de elite del batallón Atlacatl, que el gobierno de España y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado", subraya.

El magistrado admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), para investigar a 14 militares por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas y al expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani, si bien Velasco acordó no investigar a este último.