La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
En un auto en que da por concluida la instrucción de este caso y pasa a procedimiento abreviado (el paso equivalente al procesamiento), la magistrada cree que hay indicios contra ellos de que se quedaron con fondos de los derechos de retransmisión de partidos de la selección brasileña y de contratos de patrocinio con esta selección.
Lamela considera que ha quedado acreditado que los seis investigados, contra los que ahora se abrirá juicio oral, formaban parte de una organización criminal y se centra en dos operaciones que llevaron a cabo para ocultar las cantidades que fueron desviadas de la CBF por su expresidente Ricardo Teixeira.
Por este caso Rosell y Besolí llevan en prisión provisional más de un año, desde que fueron detenidos a finales de mayo de 2017 en la denominada 'Operación Rimet' que destapó esta organización en la que el exdirectivo del Barça habría blanqueado casi 15 millones de euros.
Comisiones ilícitas
Las comisiones ilícitas que cobraron presuntamente están derivadas, dice la jueza, de la venta por parte de Teixeira, en representación de la Federación Brasileña de Fútbol, de los derechos de la selección de fútbol de su país a una mercantil árabe con sede en Islas Caimán, cuya denominación es Internacional Sports Eventos. Todo ello se habría hecho a través de "un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra", sostiene la magistrada.Así se produjo el blanqueo según el auto de Lamela del pasado año.
La juez constataba entonces la facilidad de Rosell para obtener favores en países fuera de la Unión Europea y Estados Unidos, que permitieran su entrada en los mismos o la de las personas respecto de las que mostrara interés. En segundo lugar, con la medida de prisión preventiva -ya lleva un año-, se pretendía evitar que se ocultaran o destruyeran pruebas o vestigios de los delitos imputados, teniendo en cuenta que la investigación aun no se encuentra.
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