Querella prescrita

La Audiencia rechaza aplicar protección al testigo 'clave' del 'caso Iberdrola'

El juez Manuel García Castellón acuerda también el archivo del procedimiento para José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la eléctrica, que denunció que la cúpula de la eléctrica sabía cómo se contrató a Villarejo.

Edificio de la sede de Iberdola, a 27 de octubre de 2021, en Madrid (España). Iberdrola ha registrado un beneficio neto reportado de 2.408 millones de euros los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 10,2% respecto al año anterior. Este descenso se debe a los altos precios de la energía, nuevos impuestos y menores extraordinarios. A pesar de este dato negativo, Iberdrola ha incrementado sus inversiones un 6% y un 90% de este total, han ido dirigidas al desarrollo de proyectos renovables, almacenamiento y redes inteligentes. 27 OCTUBRE 2021;IBERDROLA;IMPUESTOS;ENERGIA;BENEFICIO;DESCIENDE;INVERSIÓN Isabel Infantes / Europa Press 27/10/2021
La Audiencia rechaza aplicar protección al testigo 'clave' del 'caso Iberdrola'
Europa Press

Nuevo giro en la pieza Iberdrola, que se integra en el conocido como 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado aplicar a José Antonio del Olmo, ex 'controller' de la compañía eléctrica, las medidas contempladas en la directiva europea sobre la protección de denunciantes, conocida como 'directiva whistleblower', tal y como solicitó su defensa, tras denunciar que la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán ha empleado una serie de "represalias" y "acoso" contra él. El magistrado instructor considera que no es necesario realizar dicha actuación, al tiempo que acuerda el archivo del procedimiento contra este exdirectivo.

Del Olmo se encontraba investigado en esta pieza separada número 17 de la macrocausa 'Tándem', si bien durante todo el tiempo ha sido para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 un testigo 'clave'. Sus declaraciones y un documento que aportó sirvieron para la imputación (ya sin efecto) del presidente de la compañía y del equipo directivo de la época en la que se realizaron encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Se trata de un informe que elaboró en 2004, en el que denunció que la cúpula de la eléctrica conocía las supuestas irregularidades que se cometieron con los encargos al agente encubierto. Este documento se 'guardó' bajo notario y se entregó al juez en 2019, si bien, según la firma vasca, no consta registrado internamente en la empresa, por lo que se le acusó de haberlo redactado 'ad hoc' para perjudicar a la empresa.

Sin embargo, el juez considera que la querella por falsedad documental que Iberdrola interpuso contra el que fuera su jefe de Control Corporativo debe ser archivada, ya que el delito habría prescrito, por lo que también rechaza la ampliación de la acusación que la compañía eléctrica presentó contra este exresponsable por los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica. Cabe recordar que esta acción judicial se interpuso en los juzgados de Bilbao, pero finalmente acabó en la Audiencia Nacional en julio de 2020, después de que se inhibiera a su favor. Ello abrió una intensa discusión entre la compañía y el magistrado para que le reconociera como acusación particular en la causa, lo que finalmente sucedió tras varias órdenes de la Sala de lo Penal.

La querella no es la única acción que Iberdrola emprendió contra el que fuera su directivo, responsable de la revisión de las facturas, que tiene distintos procedimientos abiertos en varios tribunales. Por ello, el abogado de Del Olmo instó, el pasado mes de febrero, al juez de la Audiencia Nacional a aplicar las medidas que se contemplan en la directiva europea relativa a la protección de denunciantes de infracciones. Ahora más de cinco meses después, el juez García Castellón resuelve este asunto. En un auto con fecha de este martes explica que, en su opinión, la directiva europea sí sería "susceptible de aplicación, pues los negocios investigados, el objeto de esta pieza separada, y que, presuntamente, se concertaron con la organización criminal dirigida por Villarejo, pudieron tener efectos en la competencia, en el ámbito del mercado interior comunitario".

Ahora bien, recuerda que la norma cuenta en España solo con un Anteproyecto de ley y aún no ha sido aprobada por el legislador español, ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "por lo que no existe norma interna en vigor sobre la materia". Aún así, el instructor señala que cuando la directiva europea no ha sido transpuesta en el ordenamiento jurídico nacional en el plazo previsto, los jueces sí pueden revisar si se debe aplicar las medidas previstas para un caso concreto. Así, tras revisar la situación de Del Olmo y analizar si se dan las "condiciones" para reconocerle la 'protección', el magistrado García Castellón entiende que "no puede reconocerse" este derecho. 

Inmunidad frente a responsabilidad

A cambio, sí aclara la situación procesal del ex 'controller', atendiendo a los considerandos de la normativa europea, que prevén que si el denunciante tiene documentos que demuestren irregularidades debe gozar de inmunidad frente a la responsabilidad civil, penal, administrativa o laboral. Según el magistrado instructor, esta interpretación hace dejar sin efecto el pronunciamiento del pasado mes de enero en el que se acordó mantener la imputación de Del Olmo por falsedad en documento privado hasta "la conclusión de la investigación" y acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones con respecto a este directivo. 

Así, el juez instructor señala a lo largo de 17 páginas de resolución, que la documentación que Del Olmo depositó ante notario no "integrarían el concepto de secreto de empresa" y que esta actuación "quedaba muy lejos de causar un mal comercial o atentar contra la libre competencia de Iberdrola o cualquiera de sus compañía". "Fue una estrategia de 'autoprotección'", concluye la resolución. Esto contrasta en cierto modo con la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que en octubre de 2021, condenó al exjefe de Control Corporativo por violación de secretos empresariales al sustraer documentos "confidenciales" relativos a facturas que documentaban pagos de la eléctrica a proveedores de seguridad y miembros de la administración.

Con todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 añade que los hechos denunciados por Iberdrola prescriben a los cinco años. Asimismo, apostilla que para considerar que se ha consumado un delito de "apoderamiento" de información secreta, "se debería haber producido antes de la redacción del informe del 1 de diciembre de 2004" y tener la intención de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otra persona, en este caso, una persona jurídica, lo cual descarta el magistrado. Por último, también apunta que no hay pruebas que acrediten que fue Del Olmo quien filtró la documentación de Iberdrola para su publicación en un medio de comunicación, por lo que esta acusación, dice el auto, se fundamente en una "vaga sospecha".

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