La Audiencia Nacional ha frustrado un nuevo intento de los nuevos propietarios de las plantas en Avilés y A Coruña de Alu Ibérica, nombre que ha adquirido la antigua Alcoa, de poner fin a la actuación del administrador judicial. La Sala de lo Penal ha avalado la decisión que adoptó la jueza instructora María Tardón el pasado mes de octubre de fijar un sueldo para el abogado coruñés Ramón Juega, quien fue designado tres meses antes, en julio, para que se hiciera cargo de la gestión de las fábricas de aluminio mientras se investiga si se saquearon las cuentas de las instalaciones en su último proceso de venta.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ya confirmó la designación por parte de la juez del conocido como 'caso Alcoa' de este administrador judicial. La designación de Juega llegó después de cesar a los interventores judiciales que desde finales de abril controlaban todos los movimientos en las factorías. Fueron ellos los que instaron a desalojar al Grupo Riesgo (empresa que compró las dos plantas) de la administración de Alu Ibérica ante el posible riesgo de insolvencia, llegando a poner en conocimiento de la magistrada los salarios elevados y "claramente desproporcionados" que cobraban algunos de los directivos vinculados a los nuevos dueños de Alcoa, entre los que se encontraban algunos de los imputados en la causa y que cobraban hasta 25.000 euros mensuales.
Han sido diversas las ocasiones que Iberian Green (nuevo nombre de la sociedad que el Grupo Riesgo utilizó para adquirir las plantas) ha cargado duramente contra el administrador judicial, cuya actuación ha llegado a ser calificada de "negligente". Así lo afirmaron los abogados de dicha empresa en su recurso (desestimado) contra la congelación de los excesivos sueldos de seis altos cargos, después de que instara a la jueza Tardón a suspender estas retribuciones de manera cautelar. Pero también en el escrito por el que impugnó la orden de la juez de reclamar a los investigados la devolución de 13 millones de euros que se habrían perdido en la reventa de las dos plantas de aluminio. En este último caso, la Sala dio la razón a la empresa recurrente y anuló dicho mandato al entender que se extralimitó al seguir atender únicamente la petición de auxilio del administrador judicial sin escuchar antes a las partes afectadas.
La última estrategia de los nuevos dueños de Alcoa para tratar de desvirtuar la necesidad de esta intervención se ha visto formalizada con un nuevo recurso ante la Sala de lo Penal contra el auto dictado el pasado 26 de octubre por el Juzgado Central de Instrucción número 3 por el que se acordaba "fijar una retribución mensual al administrador judicial". No obstante, la Sección Tercera ha desestimado este recurso de Iberian Green al entender que la jueza instructora acertó al contemplar unos honorarios por la labor desempeñada. Asimismo, en el auto, del que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo -exministro de Justicia- y al que ha tenido acceso La Información, la Sala señala que la empresa que adquirió las antiguas fábricas de Alcoa han impugnado la iniciativa de la magistrada Tardón pero sin ofrecer "cantidad alternativa alguna".
Trabajo complejo
Con todo ello, los magistrados de la Sala destacan la "complejidad del caudal" del que el administrador judicial se hace cargo desde hace casi medio año, así como la dificultad del "trabajo a realizar" y la responsabilidad que asume, que, según indica, "es mucho mayor que de un concurso de acreedores necesario al uso". Cabe recordar que esta figura fue quien el pasado mes de septiembre solicitó el preconcurso de acreedores por la alta cantidad de embargos y deudas. La juez Tardón le autorizó en noviembre para que acudiera a los juzgados de lo mercantil competentes para que realicen "la correspondiente declaración judicial de concurso voluntario de acreedores de las entidades", lo que ya ha ocurrido.
Todas estas actuaciones derivan de la denuncia que interpuso la Confederación de Cuadros y Profesionales al sospechar de las presuntas irregularidades en la gestión del Grupo Industrial Riesgo tras adquirir las plantas de Avilés y A Coruña en abril de 2020. Así la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, dio inició en diciembre del mismo año al 'caso Alcoa' para averiguar si se vaciaron las cajas de las fábricas desde el proceso de compraventa de las fábricas de aluminio. Las factorías fueron adquiridas en 2019 por Parter Capital, pero poco después se deshizo de ellas y las puso en manos de Riesgo, ya bajo la denominación de Alu Ibérica. En este punto, se investiga si los fondos que prestó el fondo de inversión a los nuevos propietarios proceden de las cuentas de las plantas asturiana y gallega con el objetivo de despatrimonializarlas.
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