Valencia, 30 sep.- El Gobierno valenciano abordará en los próximos meses una reestructuración de su sector público empresarial que supondrá un ahorro conjunto de 400 millones de euros.
Este ahorro ya estará reflejado en los Presupuestos de 2012 e incluye una reducción en los gastos de funcionamiento del 40 por ciento, lo que supone alrededor de 150 millones de euros.
El Consell ha aprobado hoy un decreto ley de medidas urgentes del régimen económico financiero de todo el sector público empresarial y fundacional, que irá acompañado de la creación de la corporación pública empresarial valenciana, ha explicado el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer.
Esta reestructuración afecta a 26 sociedades mercantiles, 19 entidades de derecho público y 35 fundaciones, que tienen un coste presupuestario actual de 2.600 millones de euros, una nómina de entre 10.000 y 11.000 trabajadores y un nivel de endeudamiento que supera los 5.000 millones de euros.
El decreto establecerá planes de saneamiento para las entidades más endeudadas, que también deberán contar con un plan de pago a proveedores que si no cumplen supondrá la paralización de las inversiones de la Generalitat en el ente.
El objetivo de este decreto, del que no ha concretado qué reducción supondrá en cuanto al número de empresas y de trabajadores, es lograr la "estabilidad presupuestaria", para lo que, si es necesario, se establecerán auditorías externas en casos de "extremo incumplimiento".
Verdeguer ha insistido en que a la hora de fijar los criterios de reestructuración se tendrá en cuenta el de evitar "solapamientos" y se revisarán "todos los capítulos", entre los que se encuentra el dedicado a los gastos de personal, que supone un 12 ó 13 por ciento del total.
En este sentido, se abordará el régimen de retribuciones de los directivos, que no podrá superar el sueldo de los altos cargos de la Generalitat, ha explicado el conseller, quien ha indicado que se ha dado un plazo de seis meses para regularizar esta cuestión.
El decreto ley, el primero de estas características que se aprueba en España, obligará a las empresas públicas a que soliciten autorizaciones previas cuando las contrataciones superan los 12 millones de euros, en cumplimiento de la ley de Contratación de la Generalitat.
El Consell también delegará en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el control del endeudamiento de las entidades públicas y reforzará las medidas de control interno, estableciendo la obligación de presentar con carácter trimestral la información contable.
El sector público fundacional será el primero objeto de esta reestructuración, que se ejecutará a lo largo del mes de noviembre, mientras que se prevé que el plan en su conjunto esté finalizado antes de que termine el primer semestre de 2012.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios