La sentencia central del caso Gürtel explica con claridad cómo funcionaba la ‘caja B’ del Partido Popular, a partir de la connivencia entre el partido y el Grupo Correa. Ambos ‘socios’ crearon “un auténtico y eficaz sistema de de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”. Las empresas de Correa u otras elegidas por él siempre se veían beneficiadas por la concesión de contratos públicos, en procesos encubiertos con fórmulas de derecho de “aparente legalidad”.
Una vez con los contactos hechos en los distintos entes públicos “parasitados”, la sentencia explica con claridad como “mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas, la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos”.
Los cobros se podía realizar en metálico o mediante otro tipo de regalos o servicios prestados. Pero lo grave de la situación es que la sentencia advierte que otras de esas cantidades sirvieron para pagar directamente “gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘Caja B’ del partido”. El juez explica que esa caja B paralela, que manejaba dinero fuera del circuito legal, consistía en una estructura financiera y contable, existente al menos desde el año 1989, “cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.
De Madrid a Valencia
En esta pieza central del caso se analizan principalmente los hechos se refieren principalmente a la Comunidad de Madrid, con la trama centrada en la sede del partido en la calle Génova y en relación con algunos de sus ayuntamientos, como los de Pozuelo o Majadahonda, aunque también entran en relación con una sociedad municipal de Estepona y otras de Castilla y León. Sólo en estos casos el fallo estima que Correa cobró 8,4 millones de euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas, y otros 2,85 millones en comisiones por las adjudicaciones con terceros en las que intermedió.
Aún así, la propia sentencia advierte en este punto que al desgajarse el caso en otros procesos y territorios, la trama de la caja B y el cobro de comisiones se extendió por otras autonomías gobernadas por el PP, con una mención expresa a lo que en ese momento estaba ocurriendo en Valencia. Precisamente, la sentencia que se publica este jueves se refiere al periodo 1999-2005, principalmente, que es justo el tramo temporal en el que se están centrando en la actualidad las investigaciones de la Guardia Civil y los jueces valencianos en el caso del ex presidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Los agentes de la UCO llevan dos días registrando las oficinas y los domicilios de Zaplana y el resto de los acusados en ese proceso en busca de contratos y documentos que demuestren que hubo un cobro ilícito de comisiones que se depositaron después, fuera del circuito oficial, en entidades en el extranjero.
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