La 'calma' de Robles choca con las prisas de Moncloa por el escrito de la Abogacía

Nadie lo esperaba. Tras varias semanas de intentos por acelerar todo lo posible los plazos para celebrar el debate de investidura cuanto antes, las palabras de Margarita Robles asegurando que la Abogacía del Estado podría agotar los plazos para pronunciarse sobre el fallo europeo que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado han sentado como un jarro de agua fría dentro del Gobierno. El motivo es que esas declaraciones no se corresponden con los planes de Moncloa, que aspira a que los servicios jurídicos desvelen su parecer al Tribunal Supremo lo antes posible. Todo porque el objetivo desde el primer momento era celebrar el debate de investidura antes del final de 2019. Pero sin el pronunciamiento de la Abogacía, ERC no va a volver a negociar con el PSOE, al menos públicamente. Por eso ha sorprendido tanto que Robles se lanzara con unas palabras de ese estilo, como ha podido saber La Información.

Lo dicho por la también titular de la cartera de Exteriores en funciones no es una postura oficial del Gobierno. La propia Robles ha recordado varias veces que lo más normal es que en el ámbito jurídico se agoten los plazos, que en este caso sería el 2 de enero. A lo que ha añadido que no entendía las "prisas tremendas" que le habían entrado todo el mundo. Pero la realidad es que la aspiración de querer ir más rápido es de su jefe, Pedro Sánchez, que ha intentado por todos los medios que la investidura no superara las fechas navideñas. La que también se dio prisa fue la Fiscalía, que solo necesitó un día para trasladar sus alegaciones tras la decisión de la Justicia europea. A esa celeridad no se sumó en ningún momento Esquerra, que reiteró en varias ocasiones que hacía falta más tiempo y más conversaciones para que lograran su abstención. 

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De hecho, se prevé que el Consejo de Ministros trate la cuestión que afecta a Junqueras en su reunión semanal de este viernes, que será la última de 2019. La encargada de trasladar cómo marcha el trabajo de la Abogacía será la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que es quien supervisa el trabajo del equipo que coordina Consuelo Castro. En concreto, el escrito sobre el exvicepresident catalán lo está elaborando la abogada del Estado Rosa María Seoane, la misma letrada que ejerció de representante del cuerpo en el juicio del procés. Una experta en derecho penal que defendió en el juicio la tesis de que los acusados debían ser condenados por sedición, como finalmente ocurrió. Y en la que tiene puestos sus ojos el partido independentista, que ha 'monitorizado' todos los pasos de Moncloa con respecto a su líder.

Seoane, que llegó al puesto tras la destitución del ahora diputado de Ciudadanos Edmundo Bal por su postura de acusar por rebelión a los políticos independentistas, tiene casi listo el informe que transmitirá al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena, como ha podido saber este diario. El contenido del mismo se desconoce por el momento, lo que ha aumentado los nervios en todos los implicados, sobre todo en la filas del PSOE, ERC y Unidas Podemos. Pero el precedente lo sentó la propia Abogacía en el pasado mes de junio, cuando se mostró a favor de que Junqueras recogiera su acta de diputado en la Junta Electoral Central después de que fuera elegido parlamentario nacional en las elecciones generales del 28 de abril. 

Pero que la ministra de Defensa se haya salido de la línea marcada por Pedro Sánchez no va a afectar a sus planes. Moncloa quiere continuar con su apuesta de celebrar las sesiones en el Congreso cuanto antes. Aunque por el camino haya tenido que renunciar a que el debate correspondiente sea antes de 2019, ya que todos los pasos requeridos para ese fin ya no se pueden programar en los días que quedan de año. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo fue clave para trastocar las previsiones del jefe del Ejecutivo en funciones, que quería a toda costa someterse al dictamen del Parlamento los días 27, 28 y 30 de diciembre. Así, como defendían desde el entorno de Sánchez y del PSOE, el país tendría un presidente con plenos poderes desde el primer día del año.

Los acontecimientos se desencadenarán tras conocer el parecer de los servicios jurídicos estatales. Una vez se desvele su pronunciamiento, tienen que reunirse PSOE y ERC para retomar su negociación y posteriormente anunciar su acuerdo. Después, ambos deben convocar a sus direcciones para que ratifiquen el pacto. Algo que en el caso de los socialistas es un trámite, ya que es el mayor interesado. Pero en Esquerra se da mucha importancia a este paso, que implica convocar a su Consell Nacional. Por último, se tienen que elegir los días para los plenos en los que Sánchez sea aceptado o rechazado por el Congreso como presidente del Gobierno. 

El retraso de la Abogacía en desvelar su escrito es solo un factor más de los que han impedido acabar el año con un nuevo Ejecutivo, ya que la convocatoria que corresponde a Meritxell Batet depende de varios aspectos más para poder producirse. Pero al final ha resultado determinante para el retraso de fechas por la negativa de Esquerra de negociar hasta conocer estas alegaciones ante el Supremo. Si finalmente remiten al Supremo los argumentos este mismo viernes, el día preferido para comenzar el debate de investidura sería el día 2 de enero, dejando los días 3 y 5 para las votaciones. Aunque ya empiezan a surgir las voces que apuestan por dejarlo hasta después del festivo por el Día de Reyes. Lo que supondría que la maquinaria parlamentaria se activara desde el 7 de enero.