El delito de sedición planea sobre quienes protestaron en los colegios

Las causas abiertas en seis jugados catalanes por la presunta inactividad de los Mossos d'Esquadra para frenar el referéndum prometen no ser las únicas que la consulta ilegal vaya a generar. El caso por sedición que el pasado viernes inició la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional planea sobre todos aquellos que hayan tratado de impedir la orden de la instructora de la causa contra el Govern abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas. La juez ordenó cerrar todos los edificios públicos susceptibles de convertirse en colegios electorales. A lo largo del día de ayer, la Policía y la Guardia Civil trataron de hacer efectiva esa orden y, en muchos casos, recurrieron a la violencia para imponerla. El delito de sedición está castigado con penas de hasta 10 años de prisión.

La causa instruida por Lamela se abrió tras los disturbios del pasado 20 de septiembre ante la sede de la Consejería catalana de Economía. Agentes de la Guardia Civil acudieron allí para registrarla por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga si el Gobierno catalán malversó más de seis millones de euros de su presupuesto para organizar la consulta. Los agentes y la secretaria del juzgado terminaron el registro hacia las 10 de la noche, pero los agentes no pudieron salir del inmueble hasta las siete de la mañana del día siguiente. La secretaria tuvo que hacerlo escapando por un edificio adyacente a altas horas de la madrugada.

La actuación de los agentes de ambos cuerpos ayer en varios colegios electorales también estaba amparada por la orden de una juez. Se trata de la magistrada Mercedes Armas, la instructora de la causa abierta contra el presidente Carles Puigdemont y todos los miembros del Ejecutivo catalán. El pasado miércoles, en el marco de su investigación, Armas ordenó a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidieran el uso de los edificios públicos para actos preparativos del referéndum. También mandó a todos los efectivos que, en el día de ayer, cerraran todos esos inmuebles para que no se produjera la votación ni el recuento. Esas medidas quedaron ayer, a todas luces, incumplidas. Aunque la Policía y la Guardia Civil trataron de imponerla en algunos colegios con notable resistencia.

Todavía no hay decisión de la juez, pero a la espera de que la fiscalía decida si actúa contra todos aquellos que opusieron esa resistencia, su actitud, según las fuentes jurídicas consultadas, podría ser investigada por razones similares a las del sitio a los guardias civiles que registraron el Departamento de Economía. Los disturbios en los colegios podrían interpretarse como una reacción masiva contra agentes que trataban de hacer valer una decisión judicial, la de impedir la apertura de los centros de votación. Todo ello con el trasfondo de un "delito contra la forma de gobierno" el de tratar de alterar la organización territorial del Estado mediante la secesión de Cataluña en contra de la Constitución y los mandatos del Tribunal Constitucional.

Resistencia grave a la autoridad

Esas mismas fuentes consideran que las protestas en los edificios destinados a la consulta en los que se personaron los agentes podría suponer delitos menos graves, como el de atentado (resistencia grave a la autoridad), castigado con hasta cuatro años de prisión, o lesiones. En ese caso, la investigación de esas infracciones correspondería a los juzgados de instrucción de las poblaciones en las que se produjeron. 

Hasta el momento se desconocen las personas investigadas en la causa de Lamela, pero la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntaba directamente a los presidentes de las dos asociaciones independentistas -Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural- que alentaron supuestamente las concentraciones espontáneas ante la sede de Economía, otras dos consejerías catalanas y la de la CUP. Sin embargo, en esos casos, la violencia de los asistentes fue mucho más explícita, con coches policiales destrozados e incluso algunas agresiones. 

Ahora queda por ver cómo actúa el Ministerio Público contra los responsables de las mesas y demás organizadores de la consulta en aquellos centros de votación a los que acudieron los Mossos -sin hacer recurso de la fuerza- o en los que no se produjeron incidentes ante la presencia de la Policía y la Guardia Civil. La Fiscalía General del Estado obligó a los fiscales de cada provincia catalana abrir diligencias contra ellos por desobediencia una vez recibidos los atestados policiales. La reacción de la justicia contra todas estas personas -centenares si no miles- se conocerá en los próximos días.