Pamplona, 26 feb.- La comisión de investigación constituida en el Parlamento de Navarra para aclarar si la vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, incurrió en injerencias en la Hacienda o dio trato de favor a algunos contribuyentes ha decidido hoy dar por finalizadas las comparecencias.
A pesar de que UPN había solicitado que fueran citados varios contribuyentes relacionados con las acusaciones vertidas contra Goicoechea y que su petición no había sido atendida todavía, esta mañana los regionalistas han considerado que ya no era necesaria la presencia de estas personas a la vista de los testimonios ya recabados por la comisión.
Por tanto los grupos parlamentarios tienen de plazo ahora hasta las 08:30 del viernes para entregar sus conclusiones particulares y a partir de las 11.00 se reunirá la comisión para comenzar a elaborar las suyas.
Para entonces los miembros de esta comisión esperan haber recibido ya una última documentación solicitada por UPN al Gobierno para conocer si alguna persona ha accedido en las últimas fechas a los datos fiscales de la consejera Goicoechea.
Igualmente esperan que el Gobierno les remita otros documentos solicitados desde un principio y que fueron denegados al entender el Ejecutivo que afectaban a datos reservados.
Se trata, por ejemplo, de conocer si existen órdenes o directrices de la presidenta Yolanda Barcina para retrasar más allá del plazo legal las devoluciones de IVA. Documentación que ha sido reclamada por la comisión junto a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que discrepa del criterio del Gobierno.
Con todos los datos ya en sus manos, los trece miembros de la comisión, dos de cada partido (UPN, PSN, Bildu, Aralar, PP e I-E), más uno por los no adscritos de Geroa Bai, deberán intentar el viernes aprobar unas conclusiones para las que ningún grupo espera contar con unanimidad.
La oposición destaca que estas conclusiones deberían exigir responsabilidades políticas y ser claras en aquellos asuntos en los que entienden que el Gobierno no ha actuado correctamente, lo que supondría dar un impulso a la convocatoria anticipada de elecciones, mientras que UPN, partido que sustenta al Gobierno foral, y el PP consideran acreditado que "no ha habido corrupción" y que se ha actuado conforme a la "legalidad".
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