La comisión del Pacto Toledo rechaza la propuesta de pensiones del Gobierno

Madrid.- La propuesta de reforma de pensiones del Gobierno fue hoy duramente rechazada por los partidos, a pesar de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, les explicó que no contempla elevar los años que hay que cotizar para obtener una prestación mínima, ni los que se utilizan para calcular su cuantía.

No obstante, Corbacho sí invitó a la "reflexión y el debate" sobre este asunto que consideró "muy relevante", con el fin de reforzar la relación entre el esfuerzo contributivo realizado y la prestación reconocida.

Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde explicó a los grupos parlamentarios que la componen la iniciativa de reforma que el Gobierno aprobó el pasado 29 de enero y cuya propuesta principal es retrasar dos años (hasta los 67) la edad legal de jubilación.

Según el ministro, el Gobierno no propone aumentar los 15 años necesarios para obtener una pensión mínima contributiva, ni el período (también 15 años, en este caso los últimos de vida laboral) que se tiene en cuenta para fijar la cuantía de una prestación.

Sin embargo, recordó que el 77% de los despidos son individuales y de trabajadores de 55 años de pequeñas y medianas empresas que no tienen convenios especiales con la Seguridad Social que palíen la futura merma de sus pensiones por haber sido prejubilados.

Puntualizó que el debate sobre la reforma de las pensiones no tiene nada que ver ni con la crisis económica, ni con el déficit, ni con la actual situación de la deuda española y reiteró que es un debate demográfico.

Insistió en que cualquier cambio debería hacerse en el horizonte del 2013 y garantizó la "buena salud" del sistema de Seguridad Social que "ha resistido ya el embate de la crisis".

Abogó por que se incentive la mejora de la permanencia voluntaria de los trabajadores de más de 65 años y consideró "bueno" que se desarrolle la "cultura" de que en los convenios colectivos se fomenten los sistemas complementarios de pensiones "como una garantía para garantizar la calidad de vida" de los futuros pensionistas.

Esto "en absoluto" supone que el Gobierno apueste por el sistema complementario como el principal frente al actual de reparto: "no forma parte de nuestro ADN y ahí nadie nos encontrará", precisó.

Destacó que no contempla un acuerdo "sin un amplio consenso", que -detalló- primero debe conseguirse en el Pacto de Toledo y luego con los agentes sociales.

"Sabremos encontrar el punto de equilibrio que convenga, no al Gobierno, si no a los ciudadanos", afirmó, tras añadir que son necesarias reformas "ambiciosas", pero de aplicación "moderada" y "no traumática".

A pesar de estas explicaciones, los grupos parlamentarios del PNV y de ERC-IU-ICV pidieron a Corbacho que retire la propuesta y que comiencen de nuevo las negociaciones.

El portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarría, advirtió a Corbacho de que elevar la edad de jubilación es "inconstitucional" porque dejará a "miles" de trabajadores y parados nacidos entre 1948 y 1959 sin derecho a una pensión y además retrasará dos años la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo, cuando tienen una tasa de paro del 40%.

En nombre de ERC-IU-ICV, Joan Tardá consideró un "contrasentido" que un socialista como Corbacho proponga la "estupidez" de subir la edad legal, ya que es "una afrenta y un ataque" contra la sociedad, mientras que Gaspar Llamazares (IU) advirtió al ministro de que su formación no la negociará porque es "radical", supone una "amputación" de derechos, no es "equitativa" ni "gradual".

Los portavoces del PP, Tomás Burgos, del BNG, Olaia Fernández Dávila, y de UPyD, Rosa Díez, coincidieron en que el debate ha comenzado mal y consideraron que la propuesta gubernamental genera incertidumbre, preocupación y alarma en la ciudadanía.

Burgos además acusó al Gobierno de que en 2010 "extraerá indebidamente" de la Seguridad Social "más de 4.500 millones de euros" para pagar los complementos a mínimos de las pensiones y de "deber más de 10.000 millones" al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Según Carles Campuzano (CiU), las demandas de retirada y las criticas a la iniciativa del Gobierno "dificultan" y "complican" que la Comisión pueda llegar a un acuerdo que garantice el futuro del sistema público de pensiones, como ya hizo en 1995.