La comisión islámica denuncia 35 casos de islamofobia desde 2010


El presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, denuncia al menos 35 casos de islamofobia ocurridos en España desde 2010, por lo que pide al Gobierno que vele por el ejercicio de las libertades religiosas.
El presidente de la CIE hizo esta petición en un escrito dirigido a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR) del Ministerio de Justicia, de la que es vocal. El documento se hace eco de la preocupación de los musulmanes ante el crecimiento que detectan del fenómeno de la islamofobia en Europa y en España en los últimos años.
“Instamos a que la CALR tome carta en el asunto y trabaje a fondo para buscar los mecanismos necesarios para combatirlos y frenar estos crecientes y preocupantes casos de islamofobia”.
Entre esos casos se citan incendios de mezquitas, movilizaciones contra el islam, amenazas y agresiones a musulmanes, oposiciones burocráticas y sociales de distinto tipo a las mujeres de esta confesión que usan el velo, pintadas xenófobas y trabas por parte de las administraciones para imposibilitar el culto.
Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari también protesta en su escrito de no ser informado ni tenido en cuenta, como representante de la confesión musulmana, en las actividades de la Comisión de Libertad Religiosa, a la que también pidió que se solvente “el problema” al que se enfrentan los miembros de esta confesión a la hora de abrir mezquitas o desarrollar actividades en ellas. En su opinión, las principales trabas aparecen en los requisitos que establecen los ayuntamientos.
Los permisos laborales para cumplir con los rezos y fiestas musulmanas y la asistencia religiosa en los centros penitenciarios son otras de las reivindicaciones que hacen los musulmanes al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Por ello, el vocal de la Comisión de Libertad Religiosa solicita que se cree un observatorio independiente sobre delitos del odio, que estos delitos se contemplen en nuevas leyes, que la policía registre estos delitos con un protocolo específico y que no se financien a grupos y partidos políticos que fomenten la islamofobia.

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