La concesión para realizar prospecciones del Castor estaba llena de exclusividades

La empresa que consiguió la concesión para realizar prospecciones de gas natural en la zona de Castor, consiguió que el Gobierno de Rodríguez Zapatero firmara un contrato con numerosas exclusividades. Este almacén energético es el único en España que contempla una indemnización al operador en el caso de que éste cometa una negligencia. Además en la concesión se minimizaron los posibles consecuencias medioambientales.

El desembolso que tendrá que pagar el Estado a la empresa adjudicataria si definitivamente se cierra la plataforma de Castor asciende a un total de 1.693 millones de euros. Ésta cantidad es exactamente igual a la inversión realizada por la operadora Escal UGS, participada por ACS en un 66,7% y por la canadiense CLP en un 33,3%. La coincidencia monetaria viene dada en el contrato de concesión.

La adjudicación para explotar el almacén de gas fue regulada por el Real Decreto 855/2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. La norma se compone de catorce artículos, de los cuales, el último es el más polémico. En él se establecen dos tipos de indemnizaciones para la empresa en caso de que el proyecto se paralice. Si el fin de la explotación se produce tras haberse causado daños a terceros o al interés general, el Estado pasará a ser el propietario de la instalación y tendrá que pagar al operador el equivalente al valor neto contable del proyecto.

Esto quiere decir que con el dinero de las arcas públicas tendría que pagarse al operador el total de su inversión excepto la pérdida de valor por el paso del tiempo. Ya que no se ha producido ningún deterioro, Escal UGS no perderá ni un céntimo si se cierra la actividad.

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Los seísmos que tuvieron lugar durante septiembre del año pasado, tendrían relación directa con la inyección de gas en el almacén subterráneo junto a la costa de Castellón, por lo que el cierre definitivo sería catalogado como "daño a terceros" y el Estado pasaría a ser dueño de la infraestructura previo pago de la indemnización de 1.673 millones.

Pero además en el contrato de adjudicación, en su artículo catorce, se establece un segunto tipo de indemnización al operador si el fin de la prospección se producía por negligencia de la empresa.

Castor es el único gran proyecto de explotación gasística que contempla una indemnización para el operador incluso si éste comete una negligencia.

En este caso el pago sería el equivalente al valor residual. Este concepto calcula el valor final de una infraestructura después de haberse deteriorado por el paso del tiempo. Al no haberse producido ninguna depreciación, si se entiende que los seísmos fueron provocados por una negligencia del operador, Escal UGS recibiría también el total de su inversión.

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De este modo, el Gobierno blindó la posición de ACS y CLP ante posibles errores en su actividad o por el daño causado derivado de ella. Este punto, recogido en la concesión de 2008, difiere de lo establecido en los reales decretos correspondientes a Yela y Gaviota, de características similares a Castor. Es precisamente este apartado de la norma el que el Gobierno impugnó el 11 de mayo de 2012 ante el Tribunal Supremo. El recurso se presentó apenas cinco días antes de que concluyese el periodo de cuatro años para presentar una reclamación por lesividad.

El titular del ministerio, José Manuel Soria, presentó el recurso ante la Justicia para retirar la indemnización por negligencia antes de que comenzaran a producirse los seísmos del pasado mes de septiembre. El Supremo decidió no anular la cláusula y en cualquier caso, la empresa que ha realizado la prospección de gas natural recibirá el total de su inversión.