La condena a un locutor de radio muestra la cara más represiva de Camboya

Jordi Calvet

Bangkok, 1 oct.- La condena hoy por sedición contra el propietario de una emisora independiente de radio ha sido el último de una serie de episodios que este año han puesto a Camboya como país donde se violan con impunidad los derechos humanos.

Detrás de los abusos están la deforestación ilegal y la confiscación de tierras, conflictos que causaron la muerte del activista medioambiental Chhut Vuthy, la del periodista Hang Serei Oudom y llevaron a la cárcel a 13 mujeres opuestas a la expropiación de sus casas en el centro de Phnom Penh en favor de un multimillonario proyecto de desarrollo urbanístico.

El último caso es el de Mam Sonando, de 70 años y creador de Beehive Radio, condenado hoy a 20 años de cárcel acusado de conspirar para independizar la provincia de Kratie, en el este del país, junto a trece cómplices.

Detrás de la sentencia están unos enfrentamientos, el pasado mes de mayo, en la aldea de Broma y la muerte de una camboyana de 14 años por el disparo de un policía cuando las fuerzas de seguridad intentaron evacuar a los vecinos que mantienen una disputa con una empresa propietaria de 15.000 hectáreas contiguas al poblado.

La fiscalía acusó a Sonando de instigar a los vecinos a alzarse en armas para crear un Estado propio y provocar los disturbios.

En un comunicado, una decena de organizaciones denunciaron hoy que Sonando no fue detenido hasta julio, después de que su emisora informara sobre una denuncia presentada ante el Tribunal Internacional de la Haya que acusaba al Gobierno camboyano de estar detrás de las expropiaciones forzosas de tierras para concesiones a empresas privadas.

Según estos grupos, al día siguiente de que Beehive Radio informó de los hechos, el primer ministro camboyano, Hun Sen, pidió públicamente el arresto de Sonando y ofreció el perdón a los vecinos que accedieran a confesar.

"Sonando representa una amenaza para el Gobierno pero no porque tenga intenciones de secesión, sino porque es propietario de una de las últimas radios independientes que quedan en Camboya y porque da espacio a la oposición y a las voces ajenas al círculo de poder", dijo Naly Pilorge, directora de Licadho, una de las organizaciones que firmaron el citado comunicado.

El director del Centro Camboyano para los Derechos Humanos, Ou Virak, calificó la sentencia de "grosero travestismo de la justicia" y una violación "vergonzosa y descarada" de los derechos del acusado.

"Estoy indignado por la condena de hoy. Durante el juicio no se ha presentado ninguna prueba que demuestre alguna relación entre Mam Sonando y los cargos que se le imputan", dijo el activista en otro comunicado.

A las protestas por el castigo se ha unido la Unión Europea, que considera que la pena impuesta "plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia de la corte".

En un comunicado, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, exigió al Gobierno camboyano que "proteja el derecho fundamental de todas las personas a expresar libremente sus opiniones de forma pacífica".

Durante los últimos años, el Gobierno de Hun Sen ha utilizado a los tribunales para acallar a los críticos.

Según el grupo "Global Witness", que el Gobierno camboyano hace más de una década para supervisar las junglas del país y cuyo contrato rescindió cuando se volvió demasiado incisivo, la corrupción en los gobiernos local y nacional y los cuerpos de seguridad ampara la explotación maderera ilegal en Camboya, un negocio que produce unos 13 millones de dólares al año.

A finales de 2010, el Gobierno de Camboya, país con una extensión de 18,1 millones de hectáreas, tenía unas 80 concesiones que afectaban a 1.127.841 hectáreas de terreno en 16 provincias, de acuerdo con datos de "The Center for People and Forests", una entidad financiada por la Unión Europea.

Según el Centro Camboyano para los Derechos Humanos, desde 2007 ha habido en el país 223 casos de expropiaciones forzosas de tierras.