La justicia investiga a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de parte de los millonarios fondos que recibe en virtud de la llamada 'Ley Reservada del Cobre', que obliga a destinar el 10% de las ventas anuales de la cuprífera estatal Codelco -la principal productora mundial de cobre- a un fondo destinado solo para la adquisición, renovación y mantenimiento de material bélico.
La ley tiene un carácter secreto, por lo que las cuentas donde se depositan los dineros y su contabilidad son reservadas, haciendo imposible conocer desde fuera en qué se gastan esos abundantes recursos.
En total, dicha red se habría apropiado de unos cinco millones de dólares, según fuentes del caso.
La justicia civil investiga específicamente la compra y contratación de servicios mecánicos tramitados a partir de 2010, mientras que la militar hace lo propio entre sus uniformados.
"Se trata de pequeñas empresas, individuales y de responsabilidad limitada, donde no se acredita la ejecución de los servicios a favor del Ejército pero sí los pagos por montos bastantes cuantiosos", explicó a la AFP Ximena Chong, fiscal de la Fiscalía Santiago Centro-Norte, que lleva el caso, en el ámbito civil, destapado recientemente por el semanario The Clinic.
Chong puntualizó que trata de determinar "si estas personas actuaron estafando al fisco, aprovechando la ausencia de control dentro del Ejército, o estamos en presencia de delitos de coparticipación de fraude entre funcionarios del Ejército que pidieron a terceros facturas" para falsear la compra.
"Aparentemente no existe hasta ahora una sola unidad defraudadora, sino que hay aprovechamiento de ciertas brechas de ausencia de control por distintos grupos internos", comentó Chong.
El Congreso, por su parte, creó una comisión especial de investigación de este caso de corrupción en el Ejército.
En los últimos cinco años, las Fuerzas Armadas chilenas recibieron unos 6.000 millones de dólares de dicho fondo, de los cuales aún 4.700 están guardados en las arcas del Estado, según confirmó a la AFP el diputado oficialista Jaime Pilowsky, un integrante de la comisión parlamentaria creada para estudiar el caso y la eventual derogación de la ley.
En el lustro anterior, el Ejército chileno, el mejor equipado con el último grito en tecnología bélica de América Latina, recibió otros 5.600 millones de dólares.
Considerada por algunos sectores como una más de la nefasta herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la 'la Ley Reservada del Cobre' no ha podido ser derogada en 25 años de democracia, entre otros puntos, por su importancia en el equipamiento bélico de Chile.
"El gran problema que tiene esta ley reservada es la dificultad que presenta en materia de controles", afirmó Pilowsky, quien calificó de "absurdo" que el financiamiento de las Fuerzas Armadas dependa en tan alto porcentaje de Codelco, sometido a los vaivenes de la cotización internacional del cobre y, actualmente, en momentos difíciles por el descalabro del precio del metal rojo.
También critica su carácter reservado y el hecho de que no se puedan utilizar los sobrantes para otras actividades.
Hasta ahora, no ha prosperado ninguna iniciativa para reemplazar esta normativa. La última de ellas se presentó durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Para el especialista en Economía de la Defensa, Guillermo Pattillo, "nunca fue posible que el Congreso llegara a respuestas razonables sobre cómo financiar las Fuerzas Armadas a mediano y largo plazo", por eso es que la ley se ha mantenido en el tiempo, pese a las críticas.
"Todos los intentos que se vienen discutiendo hace muchos años no han llegado a ninguna parte" y es muy probable que este nuevo impulso no sea la excepción y se diluya sin que se modifique la norma, agregó el economista de la Universidad Santiago.
Si las previsiones de Pattillo se cumplen, el mayor productor mundial del cobre seguirá reforzando con la venta del metal rojo un potencial bélico que lo pone muy por encima de la mayoría de sus vecinos.
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