La Haya, 1 sep.- La Corte Penal Internacional (CPI) anunció hoy que ha rechazado la petición del Gobierno de Kenia de tener dos representantes legales durante las audiencias de confirmación de los cargos contra tres ex altos funcionarios kenianos sospechosos de ser responsables de la violencia postelectoral registrada en 2008.
El anuncio lo hizo la jueza Ekaterina Trendafilova en la apertura de la primera de las vistas de confirmación de los cargos contra el ex ministro de Educación William Samoei Ruto; el ministro de Industrialización, Henry Kiprono Kosgey, y el periodista Joshua Arap Sang.
La magistrada argumentó que el Gobierno de Kenia no tiene estatus jurídico para estar presente en las audiencias, y puntualizó además que no se había seguido el procedimiento formal correcto a la hora de presentar la solicitud.
La jueza especificó que la serie de audiencias que hoy se inicia "no es un minijuicio", sino que tiene como único objetivo analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar si constituyen "una base suficiente" como para confirmar los cargos y proceder a la apertura del proceso.
La defensa de los acusados intentó hoy cuestionar la jurisdicción de la Corte en el caso y criticó la labor de la Fiscalía por no presentar pruebas exculpatorias ante los representantes legales de los acusados.
La jurisdicción de la CPI fue previamente puesta en entredicho por el Gobierno de Kenia, que pidió la anulación del proceso judicial aduciendo que los hechos ya estaban siendo investigados por las autoridades nacionales competentes, pero la Cámara de Apelación rechazó el pasado martes este recurso.
La CPI abrirá el próximo 21 de septiembre las audiencias de confirmación de cargos por violencia electoral en Kenia contra otros tres sospechosos: el viceprimer ministro y titular de Finanzas de Kenia, Uhuru Muigai Kenyatta; el jefe de los servicios públicos, Francis Kirimi Muthaura, y el ex jefe de Policía Mohamed Hussein Ali.
Los seis sospechosos están acusados, entre otros cargos, de asesinato y persecuciones presuntamente ocurridos durante los episodios de violencia electoral que se sucedieron en ese país africano tras la celebración de los comicios de finales de 2007.
Se estima que la violencia tras las elecciones en Kenia se saldó con al menos 1.300 muertos y entre 350.000 y 500.000 desplazados, según datos de Naciones Unidas.
La CPI ha autorizado a 327 víctimas a participar en las audiencias de confirmación de cargos, que empiezan el próximo jueves.
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