La crisis creada por la Covid-19 ha obligado a posponer los planes de la Generalitat para volver a emitir deuda y regresar así a los mercados financieros. A finales de 2019, la Generalitat confiaba en que alguna agencia de calificación crediticia pudiera situar en un futuro más o menos cercano la deuda catalana en grado de inversión, y por ello no descartaba volver a los mercados financieros a lo largo de 2020 con una emisión de bonos verdes. Su idea era recurrir a este tipo de deuda, que pueden emitir tanto instituciones públicas como privadas, para financiación de infraestructuras vinculadas con el transporte limpio.
Y es que después que en 2018 la Generalitat cumpliera en un mismo ejercicio con los tres objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por ley (déficit, deuda y regla del gasto), a lo largo de 2019 se alimentó esa posibilidad. Sin embargo, el estallido de la crisis de la Covid, a partir de marzo del año pasado, abrió un nuevo escenario, que fue empeorando a medida que se conocía la gravedad de la pandemia. Por ello, las autoridades europeas autorizaron la suspensión de los límites de deuda y déficit para tratar de que todos los países miembros pudieran volcar el máximo de recursos públicos para afrontar esta crisis y propiciar una rápida recuperación.
Con este telón de fondo, el secretario general del departamento de Economía de la Generalitat, Albert Castellanos, ha asegurado a Efe que "la voluntad de volver a los mercados se mantiene, pero el impacto de la Covid-19 hará difícil que sea posible este 2021". El Govern condicionaba su regreso a los mercados financieros al cumplimento de los objetivos presupuestarios y a ser capaces de reestructurar la deuda de la Generalitat, entre otros factores.
A inicios de 2019, la Generalitat logró adherirse al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), un mecanismo de liquidez más flexible que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que la Generalitat se vio obligada a acudir en 2012, ante el cierre de los mercados debido a la crisis financiera.
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, planteó la entrada en el FFF como un "paso previo" para volver más adelante a los mercados financieros.
Razones de carácter político
Más que por necesidades financieras, la Generalitat se proponía volver a salir a los mercados para evidenciar un grado de soberanía económica superior ante el Estado, es decir, por razones más bien de carácter político. La situación actual, sin embargo, es que la crisis de la Covid-19 ha reforzado la dependencia de las comunidades, entre ellas Cataluña, respecto al Estado, que el año pasado tuvo que continuar endeudándose para cubrir las necesidades de gasto creadas por la pandemia y habilitó un fondo covid destinado a las comunidades.
Por el contrario, la Generalitat defiende que si fuera independiente y recaudara todos los impuestos habría podido sufragar las necesidades creadas por esta crisis y dar mayores ayudas a las empresas afectadas.
La Generalitat acumulaba hasta septiembre de 2020 una deuda por valor de 78.279 millones, de los que 62.376 corresponden a los diferentes mecanismos de liquidez habilitados por el Estado en los últimos años, con lo que un 79,7 % de la deuda de la Generalitat está ya en manos del Estado, que es de largo su principal acreedor. En esta línea, la Generalitat prevé pedir este 2021 al Estado un total de 13.072 millones de euros para hacer frente a sus necesidades de financiación.
De esa cantidad total, 10.388 millones corresponden a amortizaciones de deuda previstas para el ejercicio, otros 2.560 millones al déficit autorizado a las comunidades para 2021 (1,1 %) y 125 millones más por las liquidaciones negativas del modelo de financiación en 2008 y 2009. Y el calendario de amortizaciones de la Generalitat para los próximos años también avala la idea de que la administración catalana seguirá dependiendo en los próximos años de los mecanismos de liquidez habilitados por el Estado.
En 2022, por ejemplo, la Generalitat afronta el vencimiento de deuda por valor de 10.722, y de un total de 10.604 millones en 2023, según datos de la dirección general de Política Financiera de la Generalitat.
