La Cumbre Africana concluye con diversos conflictos a la espera de solución

Addis Abeba.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) cerraron hoy su XVI Cumbre anual en Addis Abeba en medio de una delicada situación en el continente, donde a los ya habituales conflictos de Somalia y Sudán se han unido los de Costa de Marfil, Túnez y, ahora, Egipto.

Los reunidos aprobaron la formación de una comisión de alto nivel para estudiar la crisis de Costa de Marfil, donde tras las elecciones del pasado 28 de noviembre se invistieron como presidentes el anterior gobernante, Laurent Gbagbo, y Alassane Outtara, este último reconocido por la comunidad internacional como ganador de los comicios.

Los gobernantes de Mauritania, Chad, Burkina Faso, Tanzania y Sudáfrica, además del de Guinea Ecuatorial y el de Nigeria, integrarán este grupo, que tiene un mes para enviar un equipo de expertos a Costa de Marfil, estudiar la situación, y plantear una solución, que sería de obligado cumplimiento.

El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, no pudo explicar esta noche, en una rueda de prensa tras el término de la Cumbre, si se podría hacer un nuevo recuento de votos: "No hemos tratado de eso. Nuestra decisión no es recontar los votos", dijo Ping, que tampoco lo desmintió.

Ping pidió "contención" a las partes y fuentes de la Cumbre dijeron a Efe que se podría plantear un Gobierno de coalición, una solución previamente descartada por la ONU, que ha certificado la victoria electoral de Ouattara, y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), que ha amenazado a Gbagbo con usar la fuerza para sacarlo del poder.

Ayer, tras saberse que la Comisión de la UA había propuesto la formación de este grupo a la Cumbre, las Fuerzas Nuevas, que apoyan a Ouattara, condenaron "los planes de Jean Ping de formar un panel de jefes de estado para iniciar nuevas negociaciones en Costa de Marfil".

Los ex rebeldes dijeron que está es "una manera efectiva de hacer que la crisis perdure en Costa de Marfil, y de dar tiempo y medios para maniobrar a Laurent Gbagbo", rechazado hasta ahora por la comunidad internacional.

Los dos países más conflictivos del Cuerno de África, Sudán y Somalia, dominaron la jornada de cierre de la Cumbre, en la que la ONU y la UA discutieron su situación.

El sur de Sudán ha aprobado su separación y la creación de un nuevo Estado este mismo enero, en un referéndum en el que, para Ping, "los líderes sudaneses han mostrado un valor y un compromiso con la paz ejemplares".

Para el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha participado activamente en la reunión, "lo importantes es que las partes inicien de inmediato las conversaciones sobre las cuestiones que quedan (pendientes) tras el referéndum", que son la demarcación fronteriza, la ciudadanía, la distribución de los beneficios del petróleo, y la disputa sobre la rica región petrolera de Abyei.

Sobre Somalia, los países de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África oriental,reunidos en Addis Abeba, han pedido al Gobierno Federal de Transición de Somalia que tramite en el legislativo la ampliación de su mandato, que acaba en agosto, en un país considerado como "estado fracasado".

Los levantamientos populares de Túnez y Egipto contra los regímenes dictatoriales de esos países también estuvieron en el programa, pero fue poco lo que los gobernantes hablaron en público de ellos.

Una cuestión que ha causado una fuerte polémica en la Cumbre ha sido la elección del presidente del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, como presidente de turno de la Unión Africana para 2011.

Obiang, que gobierna en Guinea Ecuatorial desde que derrocó a su tío, Francisco Macias, en 1979, y que está acusado de graves abusos de los derechos humanos y de corrupción, defendió su régimen durante la Cumbre y aseguró que su país es "democrático" y que celebra "elecciones para ofrecer al pueblo alternativas".

La Cumbre también respaldó a los gobernantes kenianos en su deseo de impedir que seis prominentes políticos y funcionarios sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI) como principales responsables de las matanzas que costaron la vida en el país a más de 1.300 personas tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2007.