La mano tendida de Pedro Sánchez a Quim Torra ya tiene sus efectos secundarios, aunque ni desde el Gobierno ni desde la Generalitat se esperen acuerdos tras el cara a cara de este lunes, más allá de un debate sobre transferencias, financiación y los famosos puntos que Mas entregó a Rajoy antes de su deriva independentista. El Gobierno ya ha dejado claro que más allá de la Constitución nada, y como muestra impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada ayer en el Parlamento catalán en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015.
Las dudas sobre la estrategia a seguir a partir de ahora (la vida era mucho más cómoda cuando era contra el PP) crecen dentro del independentismo. La consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, advierte de que no se puede descartar la desobediencia como estrategia del movimiento independentista catalán, pero matiza. En un futuro próximo no parece factible.
O lo que es lo mismo. Con el PSOE hablando de diálogo de forma permanente, ¿cómo se vende la desobediencia? Y no solo eso. ¿Qué impide a Sánchez aplicar el 155 después de que se responda a su sonrisa con la ingratitud? Lo sabe Artadi, y así lo cuenta a los suyos en el periódico Ara donde considera que "no tiene sentido ir desobedeciendo con microcosas que no tengan un impacto definitivo y que puedan llevar a un 155. No hemos descartado nunca -pero sin acabar de concretar qué haremos, porque ya no estamos con las hojas de ruta- que en algún momento pueda volver a haber una desobediencia. Como estrategia del movimiento no la podemos abandonar", indica Artadi. Es hora pues, de retomar el diálogo, la bilateralidad, la mediación internacional...
ERC pide no dejar de desobedecer
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, no parece estar de acuerdo, aunque tampoco es capaz de decir no a un diálogo que lleva años implorando. "El independentismo tendrá que desobedecer cuando sea necesario para alcanzar la independencia de Cataluña. Si estamos donde estamos es porque hemos sido capaces de desobedecer", ha declarado en Rac1. El político ha sacado pecho del referéndum del 1-O y la consulta del 9 de noviembre de 2014 fueron un "responsable, democrático, cívico y pacífico proceso de desobediencia".
Tardá, no obstante, ha reconocido que el independentismo se ha dado cuenta de que alcanzar la independencia era más difícil de lo que esperaba y de cómo puede reaccionar el Estado: "Hemos descubierto que la montaña era más alta de lo que parecía. Hemos descubierto que el Estado español estaba dispuesto a todo, hasta a un baño de sangre, para que no pudiéramos emprender el camino hasta la cima ha alertado", exagerando de forma muy consciente la realidad. No se fía Tardá de Sánchez, pero acepta el marco de diálogo, por el momento.
No está de acuerdo la CUP, que en boca de su portavoz, Maria Sirvent, ha rechazado la reunión que mantendrán este lunes el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que "este diálogo no es real". En una entrevista de Catalunya Ràdio ha asegurado que no espera nada de este encuentro y ha avisado de que "un diálogo con alguien que no acepta el derecho a la autodeterminación es un diálogo viciado desde el inicio que no se dará en igualdad de condiciones".
"Ya nos gustaría que pudiera haber diálogo pero este diálogo no es real", ha criticado, y ha defendido que el independentismo haga valer el derecho a la autodeterminación por sí mismo porque "en la reunión solo se apuntalará el marco autonomista o para comenzar un apuntalamiento del régimen del 78". Por ello, ha afirmado que la CUP no se reuniría con Sánchez: "Nosotros no nos reuniríamos con quien no acepta un derecho tan esencial como este". El independentismo desconfía. ¿Órdago final? ¿Diálogo? ¿Desobediencia? Definitivamente, con Rajoy todo parecía mucho más claro.
ERC y el PDeCAT quiere cerrar la oficina Marca España
Ni una palabra de sus embajadas y del gasto en política exterior que suponen en una Comunidad que resiste gracias al FLA. Tampoco del nulo apoyo que la independencia ha obtenido en Europa pese al desembolso en política exterior del Govern. La exigencia de rentabilidad y eficacia se centra en 'Marca España'. Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han coincidido en plantear en el Congreso el cierre de la oficina del Alto Comisionado para la Marca España, creada en el 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La iniciativa se votará en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas. Las formaciones independentista se escudan en el informe que presentó el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en el que se ponen de manifiesto una serie de déficits en la regulación y funcionamiento de la institución.
Concretamente, el informe señala que el Alto Comisionado todavía carece de desarrollo normativo, que su financiación es "prácticamente inexistente", que padece una evidente falta de medios que le impide realizar su labor, y que ni siquiera comprueba el cumplimiento de los convenios que suscribe. En su comparecencia, Álvarez de Miranda quiso dejar claro que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la existencia de Marca España, pero sí insistió en la necesidad de completar su desarrollo normativo y dotarlo de los "suficientes" medios para poder evaluar el resultado de una actividad que, a su juicio, puede ser "perfectamente defendible y positiva".
Para el portavoz de Esquerra en la Comisión Mixta, el senador Bernat Picornell, las conclusiones del informe son "de vergüenza ajena" y ponen de manifiesto posibles "intereses ocultos" en la gestión de la Marca España. A su juicio, "ante la evidencia de ocultación de información que pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas, hay que preguntarse si existen intereses más allá de los objetivos del Alto Comisionado para la Marca España a través de los convenios con determinadas empresas". En ese contexto, y atendiendo a las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, ERC insta a "clausurar la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y el cese de todas sus actividades".
También el PDeCAT aboga por "proceder a la inmediata supresión y liquidación" del Alto Comisionado de Marca España al constatar que en estos seis años desde su creación "no se ha desarrollado normativamente" y "no ha sabido determinar sus objetivos y acciones concretas y medibles".
Frente a esta exigencia de cerrar la oficina, Ciudadanos prefiere pedir al Gobierno que presente en las Cortes "una evaluación del trabajo desempeñado por el Alto Comisionado, una estrategia de Marca España y un plan de futuro para este Alto Comisionado".
Más en concreto, Unidos Podemos se centra en pedir un examen de "los acuerdos económicos suscritos por el alto comisionado" y una investigación de un posible "conflicto de intereses a colación de sus acuerdos verbales con una empresa textil de la que era consejero el propio comisionado", Carlos Espinosa de los Monteros.
El PSOE y el PP, por su parte, se limita a pedir el cumplimiento de las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en cuanto a falta de medios y de normativa, y aconsejan también que los objetivos de la planificación de las actividades de Marca España se acuerden con las comunidades autónomas para "promover conjuntamente una imagen potente de España en el exterior".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios