El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se encuentra imputado desde el pasado mes de junio en el caso 'Tándem', que investiga los trabajos privados presuntamente irregulares que hizo el comisario jubilado José Manuel Villarejo mientras aún seguía en activo en la Policía Nacional. Desde entonces, lleva esperando a que llegue a su 'buzón' la notificación con la fecha y la hora a la que tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para tratar de aclarar qué grado de participación tuvo en la contratación del agente encubierto, si bien todo apunta a que por cuestiones de organización del juzgado, su interrogatorio se retrasará hasta después de las fiestas navideñas.
La declaración como imputado de Sánchez Galán y su cúpula directiva en el momento en el que el comisario jubilado presuntamente espió a otros empresarios como Florentino Pérez o Manuel Pizarro estaba de nuevo en condiciones de producirse a principios de noviembre cuando el Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige Manuel García Castellón, recibió el último informe que requirió a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional para recabar toda la información obrante en el sumario acerca del conocimiento que habría tenido la alta dirección de Iberdrola sobre las actividades que desarrolló el Grupo Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, para la compañía eléctrica entre 2004 y 2017. En las mismas fechas, la Sala de lo Penal marcó el camino al juez instructor el pasado 12 de noviembre, tras devolver la condición de perjudicada a Iberdrola o tras avalar parte de sus decisiones, como la imputación de la filial Iberdrola Renovables Energía.
No obstante, por motivos internos del juzgado, la declaración de Sánchez Galán podría verse retrasada hasta el año que viene, según apuntan cercanas a la investigación a La Información. En este sentido, destacan que el parón que implica el puente de la Constitución y posteriormente el de Navidad, sumado a la agenda que ya tiene prevista el órgano judicial en el mes de diciembre, como la declaración que tendrá lugar el día 20 del exjefe de la UDEF Manuel Vázquez, investigado en la novena pieza separada del caso 'Tándem', sobre la contratación de Villarejo por el banco BBVA, haría difícil encontrar un hueco para poder interrogar al presidente de Iberdrola antes de que finalice el año 2021.
El juez García Castellón dictó el pasado 23 junio un auto en el que acordó citar a declarar como investigados por un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al presidente de Iberdrola; a su exjefe de Gabinete de Presidencia Rafael Obergozo; su actual 'número dos', Francisco Martínez Córcoles; y al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker. En un principio, el magistrado había fijado sus comparecencias en el marco de la pieza 17 del caso 'Tándem' para el 6 y 7 de julio, pero la petición de nulidad de la causa que interesaron los abogados de la compañía eléctrica, a la que se adhirió la defensa de Sánchez Galán, provocó que estas citas se aplazaran 'sine die'.
El intento de anular parte de esta línea de investigación ha supuesto una batalla en sí misma. Todo empezó después de que Iberdrola recordara al magistrado García Castellón que un año antes, en julio de 2020, había aceptado investigar la querella que la empresa había interpuesto en un juzgado de Bilbao -que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional- contra el exdirector de Control Corporativo, José Antonio del Olmo, por un presunto delito de falsedad por elaborar y depositar ante notario un informe en el que se apunta a Sánchez Galán como conocedor de presuntos pagos a Villarejo fuera del circuito legal de facturación, y aún no le había dado acceso al sumario para poder ejercer como acusación particular.
La personación de Iberdrola
No obstante, el juez instructor, tras preguntar a la Fiscalía Anticorrupción, zanjó pronto el asunto y archivó la querella, sin practicar ninguna diligencia, al entender que los hechos habían prescrito, lo que en la práctica supuso desimputar a Del Olmo y dejar sin efecto la personación de Iberdrola. Una decisión que la propia empresa no aceptó, por lo que recurrió a la Sala de lo Penal, que el pasado 12 de noviembre dio un vuelco al caso, volviendo a imputar al ex 'controller' de la eléctrica y devolviendo la condición de perjudicada a la compañía. Cabe destacar que Del Olmo fue condenado por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao por un delito de violación de secretos empresariales por sacar las facturas de la oficina sin permiso, pero a su vez es considerado por el juez García Castellón como "testigo clave" de esta pieza separada número 17 del caso 'Tándem', tras aportar el informe que ha abierto la batalla en varios juzgados.
Por otro lado, el juez también acordó investigar como persona jurídica a la filial Iberdrola Renovables Energía por hacerse cargo del abono de 29.500 euros correspondientes al último servicio que prestó el comisario jubilado, el 'proyecto Wind', relativo al supuesto espionaje a la empresa suiza Eólica Dobrogea y a sus dueños, con quien la eléctrica se alió para poner en marcha un proyecto en Rumanía. Anticorrupción definió el marco jurídico en el que moverse y señaló que el artículo 31 bis del Código Penal solo permite perseguir las actuaciones de una empresa a partir de 2011, cuando entró en vigor dicho precepto. Esto significa que el conocido como 'caso Villarejo' solo podrá revisar la última parte de los contratos que firmaron el agente encubierto y la empresa de Sánchez Galán entre 2004 y 2017.
La 'vinculación' con la filial de renovables
Sin embargo, el magistrado instructor afirmó en su auto que "al tiempo de la contratación y ejecución de los trabajos de este 'proyecto Wind', el presidente del Grupo Iberdrola, y en concreto de Iberdrola Renovables Energía, S.A., era el investigado Ignacio Sánchez Galán", una apreciación que la defensa del presidente de la compañía del Ibex 35 ha intentado que sea corregida. De hecho, ante la negativa del juez instructor de eliminar cualquier vinculación de Sánchez Galán con la empresa filial, se quejó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante quien aportó un certificado del Registro Mercantil para demostrar que su cliente nunca ha tenido cargo alguno en el Consejo de la Administración de la filial. Finalmente, los magistrados desestimaron su petición al entender que no existe ninguna necesidad de hacer tal rectificación ya que se trata de una afirmación incluida en la fundamentación jurídica de una resolución, pero “sin trasunto en la parte dispositiva".
La resolución de todos estos asuntos permite al juez García Castellón poder retomar la declaración del máximo responsable de la eléctrica, aún sin una fecha definida, y quien hace poco apremió al magistrado en un escrito para que despejara su futuro judicial, insistiendo en el sobreseimiento de esta investigación al considerar que los hechos ya han prescrito.
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