Madrid.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera que dentro de un establecimiento comercial no puede obligarse a utilizar el catalán y por ese motivo ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el Código de Consumo de Cataluña.
Cava de Llano ha anunciado esta decisión tras comparecer en el Senado para presentar el informe de las actuaciones de la institución durante el ejercicio 2009, en la que los portavoces de los grupos catalanes -Entesa y CiU- han pedido al Defensor que deje de recurrir las leyes respaldadas por el Parlamento de Cataluña.
Para la Defensora en funciones, "es inadmisible" que en el Código de Consumo de esa comunidad se fijen sanciones por no haber traducido al catalán algunos de los carteles que hay dentro de los establecimientos, como le ocurrió a la dueña de una mercería que fue multada con 1.200 euros por tener en su tienda el cartel "no se cambian hilos".
"Una cosa es que la administración pueda establecer la utilización del catalán cuando interviene una administración pública, pero lo que son relaciones entre particulares que se practican dentro de un establecimiento comercial" va en contra de la doctrina del Constitucional, "que establece que no existe lengua de preferencia", ha señalado.
Cava de Llano ha aclarado que tanto este recurso como el que presentó ante el TC contra la ley de acogida de inmigrantes se refieren sólo a los artículos que hablan del uso preferente de la lengua catalana.
En concreto, de la ley de acogida se recurren "dos epígrafes de un sólo artículo y del código de consumo, dos artículos".
La defensora ha explicado que acudieron a su institución varias personas para pedirle que recurriera el código de consumo "que incrementa notablemente las sanciones establecidas hasta poder llegar a un millón de euros".
El senador del Grupo Catalán CiU, Josep Maldonado, le ha planteado la coordinación con el Defensor del Pueblo catalán "para evitar actuaciones esperpénticas, como los recursos presentados por el Defensor en contra de decisiones del Parlamento de Cataluña".
Maldonado ha opinado que esta institución debería modernizarse "o repensarse" para despertar interés "e ilusión" entre los ciudadanos y los senadores, como reflejan "los escaños vacíos" de senadores hoy durante el debate del informe, ha dicho.
Desde la Entesa Catala de Progrés, Josep María Batlle ha lamentado que "el código de consumo, que debe establecer la regulación de los carteles en catalán se vea interpretada por la institución del Defensor del Pueblo".
Varios grupos políticos han agradecido a la defensora que se quedara en la Cámara Alta a escuchar, en las gradas del públicos, el debate sobre el informe, como senadora María Begoña Contreras, del PP y el parlamentario socialista José María Burgos, quien ha reclamado "un mayor esfuerzo" para acordar la renovación del Defensor.
El cargo de Defensor del Pueblo quedó vacante el pasado 30 de junio, cuando expiró el mandato de Enrique Múgica y Cava de Llano -adjunta primera- asumió sus funciones de manera interina.
Deben ser las Cortes Generales quienes designen a su sustituto, con los votos favorables de tres quintos de los diputados y otro tanto de los senadores, lo que obliga a que haya acuerdo entre PSOE y PP.
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