El Gobierno topa con la energía como su reválida más polémica hasta fin de año

Empieza a ser tradición. Con el invierno, la tarifa eléctrica se dispara y provoca ondas que agitan tanto el mercado como la política. Así ha sucedido en los últimos años. Pero el final del ejercicio 2017 es diferente. La energía -y no sólo el precio de la luz- se ha convertido en la gran reválida de un Gobierno que ha abierto todos los frentes a un tiempo. El futuro del carbón; las subvenciones encubiertas; el cierre de centrales; la injerencia gubernamental en las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y las trabas al autoconsumo están sobre el tapete. Todo a la vez.

La reunión celebrada el 23 de noviembre entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, los presidentes autonómicos de Castilla-León y de Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, resume -aunque no agota- lo fundamental del intenso debate que afronta el Gobierno. Un triángulo de intereses económicos, políticos y comunitarios. 

El encuentro entre presidentes de comunidades mineras, un ministro que quiere marcar sus propios tiempos en la transición energética -al margen de Bruselas- y el empresario empeñado en cerrar centrales no rentables con o sin permiso, fue tenso. Acabó con las espadas en alto. 

Todo está abierto. El Gobierno intenta dirigir el viaje hacia un sistema energético más basado en las renovables manteniendo, hasta donde el pulso con Bruselas lo permita, el mix de generación actual. En este sistema, el carbón y el gas determinan los precios de la electricidad.

En defensa del carbón

Eso explica que mientras en la reunión de Bonn contra el Cambio Climático (COP 23) una veintena de países encabezados por Canadá y Reino Unido se comprometían a abandonar el carbón, en España, prácticamente el mismo tiempo, el Ministerio de Energía ponía en marcha el proceso para aprobar el decreto que impide el cierre de centrales sin aval gubernamental.

El decreto tiene que pasar el filtro de la CNMC, que no dará su opinión hasta enero. Bruselas tiene menos dudas. El borrador de decreto no le gusta y ha solicitado una nueva redacción de la norma. Llueve sobre mojado. Bruselas desconfía de las normas que enredan cada día un poquito más un sistema convertido en un inmenso mecano. Nadal -otro frente abierto- afronta una nueva investigación de Bruselas por las ayudas de Estado que España ha dado desde el año 2007 hasta la fecha a 14 centrales de carbón. Total, 440 millones de euros.

En el capítulo de subvenciones encubiertas también hay reproche interno. La CNMC ha cuestionado en un informe un mecanismo de apoyo a la industria que, sin apenas uso, tiene un coste para el conjunto de los usuarios de 500 millones de euros anuales. Las ayudas al carbón y el sistema de interrumpibilidad no son obra de un único Gobierno. Se mantienen por inercia desde hace décadas. Pero la patata caliente ha caído en el regazo de Nadal.

Hay asuntos polémicos que vienen del pasado y otros generados desde el Gobierno. Por ejemplo, la resistencia a dejar de influir en la tarifa eléctrica mediante la fijación de los peajes (7.000 millones). Bruselas abrió hace más de un año a España un procedimiento de infracción por no ceder la competencia al órgano regulador, la CNMC. Pero el Gobierno  no sólo mantiene la batalla con Bruselas en este punto, sino que, además, ha rechazado los requerimientos de la CNMC para que anule el decreto que traspasa al ministerio de Energía funciones que desempeñaba hasta la fecha.

Las trabas al autoconsumo

En el lado del Gobierno cae también la responsabilidad de las trabas impuestas al autoconsumo y, en especial, las cargas sobre los sistemas de generación eléctrica con paneles fotovoltaicos. El Tribunal Supremo ha respaldado al Gobierno, pero la realidad parece que va en otra dirección. Al menos en las instituciones europeas.

La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un informe parlamentario sobre energías renovables que refuerza el derecho de los ciudadanos al autoconsumo y pide elevar del 27 al 35 % la tasa de energía renovable en la Unión Europea (UE) en 2030. El texto aprobado deberá ser refrendado el próximo enero por el pleno del Parlamento, pero reconoce el derecho al autoconsumo energético.

Con el sector energético convertido en un espacio lleno de trincheras (tampoco se salva el sector gasista), ofensivas y contraofensivas acaban en el mismo terreno: el bolsillo de los consumidores. El mismo ministro Nadal ha reconocido en el Congreso que la factura de la luz cerrará 2017 con una subida para un consumidor medio en torno a un 10% con respecto al ejercicio anterior. Para un usuario con una potencia contratada de 4,4 kW y 3.900 kWh de consumo anual serán 835 euros en el año. Menos que en 2015 (un 1,8% menos, según los datos oficiales), pero demasiado para muchas economías familiares.