Madrid.- Los grupos parlamentarios de la Entesa Catalana de Progrés, integrado por las fuerzas que conforman el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV), y Catalán en el Senado (CiU) han presentado esta tarde en el Registro de la Cámara Alta la moción para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC).
Esta moción es fruto del acuerdo alcanzado por el tripartito y CiU a raíz del mandato del Parlamento de Cataluña para activar la renovación del TC y desbloquear la sentencia del Estatut.
La moción propone modificar cinco artículos de esta ley (17, apartado dos; 34; 37; 39 y 90) para, entre otros objetivos, establecer el cese automático e inmediato de los magistrados del TC que hayan cumplido sus nueve años de mandato, una vez transcurridos seis meses desde la fecha de expiración de los nombramientos.
La Entesa y CiU defienden que, en el caso de un recurso al Constitucional que afecte a una ley dictada por una comunidad autónoma, puedan personarse en el procedimiento para presentar alegaciones el Gobierno y el Parlamento de la autonomía.
"La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio, que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días", reza el texto.
Plantean que, en los recursos de inconstitucionalidad contra un Estatuto de Autonomía, el TC dispondrá de un plazo de seis meses para dictar sentencia. En caso de no hacerlo, el recurso se entenderá desestimado, según la propuesta.
La reforma que plantean la Entesa y CiU sería de aplicación a los procedimientos de recurso planteados contra Estatutos de Autonomía, que ya estuvieran en tramitación en el TC, como el Estatut de Cataluña, según la disposición final única de la moción.
Además, la iniciativa permite al TC rechazar un recurso en trámite de admisión "sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado", cuando "faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad suscitada.
Resaltan que en las sentencias que resuelvan recursos o cuestiones de inconstitucionalidad planteadas contra Estatutos de Autonomía, "el TC no podrá adoptar resoluciones interpretativas de los preceptos estatutarios objeto del proceso, debiendo circunscribir su pronunciamiento a la declaración de conformidad o disconformidad con la Constitución".
Estipula, asimismo, en los casos de aprobación o reforma de Estatutos de Autonomía, la declaración de inconstitucionalidad total o parcial requerirá "el voto a favor de al menos ocho" de los doce miembros del TC.
Pese a que en un principio estaba previsto que la Entesa y CiU presentaran mañana esta moción, estos dos grupos han decidido adelantar su registro al día de hoy, en el que el presidente catalán, José Montilla, ha comparecido ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
En la exposición de motivos, los grupos aluden a la naturaleza jurídico-política del TC que "resuelve judicialmente los conflictos políticos", recuerdan el bloqueo en la renovación del TC y resaltan que un tercio de sus miembros deberían haber cesado en su función hace un año y medio.
Destacan además que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estipula que cuando los magistrados finalizan su mandato, continúan ejerciendo sus funciones hasta que son sustituidos "lo cual, en caso de colapso, puede repercutir en el necesario prestigio y legitimidad del Tribunal".
Así, afirman que el actual bloqueo en la renovación del Constitucional está afectando a la propia estabilidad del sistema y a la credibilidad de la institución.
Para argumentar la necesidad de una mayoría de ocho de los doce magistrados del TC en los recursos contra un Estatuto de Autonomía y de limitar a seis meses el plazo para una sentencia, la Entesa y CiU recuerdan que estas normas han sido aprobadas por dos Parlamentos -el nacional y el autonómico- y en algunos casos, como en el del Estatut de Cataluña, también han sido avaladas por los ciudadanos en un referéndum.
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