La entrega de 9 salvadoreños da un nuevo giro al proceso por la matanza de jesuitas

San Salvador.- El proceso de la Audiencia Nacional española por el asesinato en 1989 en El Salvador de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus empleadas, dio un nuevo giro con la entrega de nueve de los 20 militares salvadoreños acusados de la matanza, que desde hoy están a disposición judicial.

El Ministerio salvadoreño de Defensa puso este lunes a disposición del Juzgado Decimosegundo de Paz de San Salvador a los nueve militares, que se entregaron el domingo en una unidad castrense.

Ello, ante su inminente captura por parte de la Policía en acatamiento de una orden internacional de aprehensión librada por el juez español Eloy Velasco el pasado 30 de mayo pasado.

Los militares no se han presentado todavía a declarar ante el juzgado civil, dijeron a Efe fuentes judiciales, que indicaron que se desconoce cuándo lo harán.

Un portavoz de la Fuerza Armada tampoco confirmó a Efe si los nueve acusados aún se encuentran en la Brigada Especial de Seguridad Militar donde se entregaron, en la capital salvadoreña, o si han sido trasladados a otro lugar.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) entregó recientemente la orden de captura a la Policía Nacional Civil salvadoreña, que "se disponía" a ejecutarla cuando los nueve militares se entregaron, informó este lunes la Casa Presidencial en un comunicado.

Detalló que esos nueve militares, en situación de retiro, son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo; Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda y Mariano Amaya Grimaldi.

Además, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

La orden internacional de captura también incluye a René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo pasado.

La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los 20 militares salvadoreños acusados de la matanza de los jesuitas, pidió que los nueve que se entregaron "permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad".

Sin embargo, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, declaró a Efe que duda que el Estado salvadoreño extradite a España a los militares acusados de la matanza, perpetrada en ese centro académico el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil que vivió este país entre 1980 y 1992.

"Alguien con su uso de razón, sabiendo que se les va extraditar a España, no se va entregar", argumentó Cuéllar, quien afirmó que, en su opinión, la entrega "voluntaria" de los nueve militares ha sido arreglada.

Bernabéu declaró desde Valencia (España) a la televisión estatal salvadoreña que confía "profundamente en las instituciones del Estado", y pidió que a éstas se les deje actuar y se les apoye para "que puedan hacer el trabajo bien, de manera rigurosa y en observación estricta de las leyes".

Uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, dijo a medios locales que la defensa "todavía no tiene la orden de captura de la Interpol", y que lo único que conoce es el comunicado del Gobierno, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares les beneficie.

Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, había asegurado recientemente que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se beneficiaron de la ley de amnistía vigente desde 1993 y otros recibieron sobreseimiento en el caso de la matanza de los jesuitas.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reafirmó el domingo que la iglesia salvadoreña ya perdonó a los militares y respeta la ley de amnistía, pero que también quiere "conocer la verdad" y "que haya justicia".

Las víctimas de la matanza fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina.