Los empresarios que impongan a sus trabajadores mediante violencia o coacción condiciones laborales o sociales ilegales podrán ser castigados con penas de prisión que podrían llegar hasta los seis años.
Así consta en una enmienda del Partido Popular al proyecto de reforma de ley orgánica del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, debatido hoy en la Comisión de Justicia del Senado.
La reforma establecerá, asimismo, sanciones y penas que también podrían llegar hasta la cárcel a los empresarios que den ocupación simultáneamente a varios trabajadores sin comunicar su alta en el Régimen de la Seguridad Social que les corresponda.
También se penará a los que en las transmisiones de empresas mantengan esas condiciones perjudiciales para los trabajadores, mientras que a los que lleven a cabo esas conductas con violencia o intimidación se les impondrán las penas superiores en grado, informa Efe.
La modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las "conductas más graves" en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que no prescribirán hasta que haya transcurrido un plazo de diez años (frente a los cinco actuales).
Además, el proyecto del Ejecutivo introduce una "rebaja importante" de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables
lainformacion.com
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