La expropiación de ypf a repsol, a debate en el parlamento europeo

El caso de la expropiación de la petrolera YPF a la española Repsol por parte del Gobierno argentino será analizado mañana miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Bajo el título “Un año después de la expropiación de YPF por Argentina", se abordará una conferencia en la que el vicesecretario general de Repsol y máximo directivo que está gestionando este caso, Miguel Klingenberg, expondrá la situación del caso vivido por la petrolera española desde que en abril de 2012, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner anunciara que expropiaba a Repsol el 51% de YPF.
Esta maniobra de Argentina derivó en que actualmente la compañía que preside Antonio Brufau mantenga varios frentes judiciales tanto en juzgados de España, de Argentina y de Estados Unidos a raíz de esta expropiación.
El principal litigio es el que tiene abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde reclama a Argentina una compensación de alrededor de 10.500 millones de dólares, y que desde la compañía consideran que va bastante avanzado respecto a los tiempos que emplea este tribunal internacional. Al arbitraje internacional se decidió acudir ante la negativa del Gobierno argentino de llegar a un acuerdo con Repsol y abonar por esa expropiación un precio que la compañía española considere justo.
Precisamente, en la conferencia de este miércoles se tratará el asunto de la valoración de la petrolera argentina con el análisis que ha realizado el profesor de la escuela de negocios IESE Pablo Fernández en el que consulta con expertos españoles, argentinos e internacionales a la hora de tasar esta operación. En su estudio, Fernández estima que el valor de ese 51% de YPF ronda los 10.270 millones de dólares (7.900 millones de euros).
Por parte de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen, jefe de la unidad en la Dirección General de Comercio, expondrá si este caso ha tenido repercusión en las relaciones europeas y argentinas, máxime cuando la institución que preside José Manuel Durao Barroso se posicionó desde el inicio del lado de España en este asunto.