El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lleva esperando casi medio año el informe pericial sobre las operaciones que llevó a cabo el Banco Popular en Luxemburgo a través del fondo Thesan Capital. Los peritos judiciales encargados de realizar este análisis han advertido al magistrado de que el examen sobre la presunta red opaca de la que se habría valido el banco extinto para refinanciar a clientes no será todo lo completo que interesó, ya que se han encontrado con varios obstáculos. Y es que, según han puesto de manifiesto, el Banco Santander -que adquirió la entidad resuelta por un euro- ha tenido dificultades para localizar numerosos datos solicitados, por lo que no ha podido aportar toda la documentación reclamada por el instructor el pasado mes de enero.
Las sospechas sobre las actividades del banco resuelto en junio de 2017 a través de Thesan Capital comenzaron después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recibiera en 2018 un informe de la Agencia Tributaria y numerosa documentación en la que se ponía de manifiesto diversas operaciones de financiación indirecta, que contaron con la intermediación de un entramado de capital riesgo dedicado a la adquisición de empresas “con una frágil situación económica” y que eran clientes del Popular. Dicho informe de Hacienda formaba parte de otra causa que investigó el juez de Audiencia Nacional Ismael Moreno, el ‘caso Nummaria’ -por el que están a la espera de juicio los actores Imanol Arias y Ana Duato-, del cual se desveló que el despacho de abogados que da nombre a dicha causa ya recurrió a la sociedad radicada en Luxemburgo para que sus clientes pudieran eludir impuestos.
Tras tomar conocimiento de ello, el juez Calama centró parte de las pesquisas en las irregularidades que Banco Popular podría haber cometido a través Thesan ante las sospechas de ocultación de pérdidas y alteración de sus cuentas con las operaciones de refinanciación. Así en un auto dictado a finales del pasado 28 de enero, además de pedir que los peritos del Banco de España indagaran en los créditos o avales que fueron concedidos a una decena de empresa entre 2012 y mayo de 2017, el magistrado requirió al Banco Santander que aportara numerosa documentación sobre la situación contable de estas sociedades; el expediente completo de las operaciones relacionadas con estos clientes en las mismas fechas; o sus estudios de viabilidad.
Asimismo, solicitó que se entregaran todos los documentos relacionados con la concesión de créditos y los informes económicos o jurídicos sobre estos clientes, además de los estados de todas las posiciones activas y pasivas con estas empresas. Se trata de información que el magistrado en su día decidió "expurgar", pero que ahora considera que es necesario incorporar a la causa para al tratarse de operaciones con clientes particulares.
El informe de los peritos del Banco de España se puso encima de la mesa del juez el pasado mes de marzo y en él se identificaron los riesgos concedidos a un total de ocho clientes del Popular, si bien el análisis encargado a los peritos judiciales no lleva el mismo ritmo. En un escrito con fecha del pasado 19 de julio, al que ha tenido acceso La Información, los expertos han señalado que la información aportada por el Banco Santander sobre los clientes no ayuda a trazar “ni el destino de los riesgos concedidos a las sociedades del grupo Thesan ni su capacidad de generación y por tanto la devolución de las operaciones”.
La documentación aportada no es suficiente
En este sentido, advierten de que entre la documentación a la que no han podido tener acceso al completo se encuentran los archivos relacionados con la solicitud que habrían formulado los clientes del Popular para obtener la refinanciación, en la que se debía incluir los estudios de viabilidad o planes de negocio. Según exponen los peritos, ello supone una carencia “especialmente relevante”, ya que la documentación aportada al respecto “no permite conocer la finalidad de las operaciones y las vías del prestatario para rentabilizar su inversión y reintegrar los riesgos concedidos”. El banco presidido por Ana Botín tampoco ha podido facilitar documentos en los que figuren los informes de concesión de créditos y de seguimiento posterior de las sociedades financiadas, informa el escrito dirigido al juez.
Los peritos dejan constancia además de que el Banco Santander les trasladó que habían hecho un “trabajo muy minucioso” y facilitado toda la información disponible, si bien “era muy difícil de conseguir” ciertos datos como los relativos con la petición del estado de posiciones activas y pasivas. Así, ante la insistencia de los expertos para que volvieran a comprobar si no existe registro de las operaciones adicionales a las aportadas, la entidad financiera afirmó que haría “un esfuerzo adicional", pero añadió que no creía que fuese a tener éxito, ya que cuentan con las dificultades derivadas del "tiempo transcurrido y la salida del personal del antiguo Banco Popular".
Se da la circunstancia de que el juez esperaba este informe pericial para poder tomar declaración al que fuera director de los servicios jurídicos de la entidad resuelta y ex vocal del Comité de Compras y Ventas de activos de la misma, Tomás Pereira Peña, imputado por su participación en las presuntas operaciones de financiación fraudulenta mediante las sociedades pantalla gestionadas por Thesan Capital. El magistrado Calama ya le había citado el pasado mes de junio, si bien su declaración tuvo que ser suspendida al ver que el informe de los peritos judiciales no llegaba a tiempo.
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