El exfiscal de Villarejo atisba el archivo de la investigación por falta de pruebas

La Fiscalía de Madrid ha llegado a un punto muerto en la investigación que mantiene abierta contra el exfiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, siete meses después de que la abriera por un presunto delito de revelación de secretos, denunciado por Vox, a la vista de que no se cuenta todavía con las principales pruebas de cargo para demostrar esa acusación. Fuentes jurídicas cercanas al proceso advierten que, sin los chats que demuestren la supuesta relación “estrecha” que había entre el fiscal y los abogados de Podemos, sobre todo en el caso de la letrada de la formación morada Marta Flor, el caso se cae y todo apunta al archivo de la investigación judicial y del expediente abierto sobre Stampa, si bien siempre será la fiscal general, Dolores Delgado, quien tenga la última palabra.

Las acusaciones de connivencia que se lanzaron contra el fiscal pesaron sobremanera en la decisión de la Fiscalía para retirarle de la comisión de servicio que realizaba en Anticorrupción para el caso Tandem, y no adjudicarle la plaza en el reparto que hubo a finales del pasado mes de octubre (fue el único de los ocho colegas que estaban en su misma situación que no lo logró). Ya entonces se preveía un archivo rápido de ese proceso interno, pero desde la Fiscalía General se requirieron varias actuaciones más a los fiscales instructores, en busca de conocer los mensajes concretos a los que se refería el exresponsable jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, en el chat interno que mantenían en esa área del partido. Calvente, que fue interrogado de urgencia a finales de año, declaró que en esos mensajes se podía ver la posible connivencia entre el fiscal y el partido morado, y se ofreció a ponerlos a disposición de la investigación.

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La petición para que aportara los chats llegó hace apenas una semana, pero antes de que lo hiciera, la Fiscalía madrileña ha declinado en su requerimiento. Fuentes procesales consultadas advierten que es muy peligroso utilizar esos mensajes, dado que pueden haber sido manipulados, y no aguantarían una impugnación por indefensión en la causa, máxime cuando se trata de analizar la actuación de un funcionario perteneciente al Ministerio  Público. 

Ante la insistencia por obtener esas pruebas, los fiscales llegaron a pedir el chat a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, por entender que estaban en el sumario de Tandem, si bien la respuesta fue que no los tenían. Esta situación es la que ha llevado ahora a un callejón sin salida y plantearse de nuevo el archivo de la investigación al no tener a su disposición la prueba básica sobre la que se sustenta el caso tras la denuncia de Vox.

Algunos de los responsables actuales de Unidas Podemos, como Gloria Elizo, diputada y vicepresidenta tercera del Congreso, han advertido del peligro que supondría hacer públicos los mensajes del grupo de abogados y asesores que llevaban los asuntos jurídicos del partido como acusación popular en el caso Villarejo. Como jurista, fue Elizo la primera que advirtió en sus redes sociales que se trataba de comunicaciones confidenciales entre abogados, de forma que si se utilizaban como prueba podrían vulnerar el derecho de defensa en el proceso a Stampa. Hay que recordar que el propio fiscal se personó en la causa en la que se le investigaba para seguir de cerca cualquier vulneración que se pudiera cometer.

Fuentes conocedoras del caso advierten, además, que los mensajes de ese chat se lanzaron en un momento en el que Podemos no era el socio de Gobierno del PSOE ni tenía las responsabilidades políticas actuales, con lo que su contenido puede tener expresiones y menciones duras, incluso contra Sánchez o la propia Delgado, cuando era ministra de Justicia, que ahora podrían estar fuera de contexto y generar un malestar que no conviene a ninguna de las partes. La guerra total que en ese momento mantenía la formación de Pablo Iglesias contra las llamadas “cloacas del Estado” y la “policía patriótica” apunta a que en las conversaciones del chat de los entonces letrados del partido podía haber alusiones a cualquier implicado en la macrocausa contra Villarejo.