La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa. Tanto Rosario Andrade como Pablo e Ignacio Fernández se sentarán en el banquillo de los acusados en julio de 2020 por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública al ocultar parte de su patrimonio en cuentas en Andorra apenas años antes del declive de la pesquera. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno de ellos tres años de prisión en el marco de unas diligencias que comenzaron a instruirse hace ahora seis años.
El magistrado José de la Mata investigó en la causa principal el maquillaje de las cuentas del holding gallego si bien cuando finalizó estas pesquisas abrió una pieza separada para indagar acerca del patrimonio familiar que amasaron en cuentas en el extranjero y que superó ligeramente los tres millones de euros. Tras terminar la investigación, el magistrado abrió juicio oral contra todos ellos el pasado 15 de julio, tal y como hizo constar en un auto al que ha tenido acceso La Información. La Sala de lo Penal, por su parte, acordó celebrar el juicio en cinco sesiones señaladas entre el 6 de julio hasta el día 10 incluido.
Según explica De la Mata, la sociedad constituida en junio de 1960 comenzó a ocultar la situación de insolvencia en la contabilidad del Grupo al menos desde 2009, año en que los tres acusados de esta pieza abrieron sus cuentas en Andorra. En concreto, fue en el mes de septiembre cuando Rosario Andrade abrió una cuenta en Andbank con un importe de 950.000 euros aunque luego repartió 300.000 a cada uno de sus hijos. Los ingresos recibidos en los sucesivos años hicieron que aglutinara hasta un total de 1,5 millones en efectivo en esta cuenta que, de acuerdo con el juez instructor, se ocultó en todo momento al fisco español.
Origen desconocido de los fondos
Por su parte, y en idéntica fecha, sus hijos abrieron también cuentas bancarias en la misma entidad andorrana llegando a acumular cerca de un millón de euros cada uno. De acuerdo con el relato del juez, los tres acusados presentaron una declaración del IRPF en el ejercicio de 2013 en la que, en su conjunto, dejaron de ingresar un total de 1,7 millones de euros. Y no solo eso sino que, a día de hoy, se desconoce el origen de estos fondos que fueron alimentando estas cuentas entre los años 2010 y 2012 y que "permanecieron ocultos en todo momento a la Hacienda Pública española".
De hecho, no figuraba la existencia de este patrimonio hasta que las autoridades andorranas así lo trasladaron en contestación a la comisión rogatoria acordada por el juzgado en enero de 2016. Con todo, el magistrado no obvia que en el contrato de apertura con la entidad andorrana todos ellos hicieron constar su vínculo directo con la antigua Pescanova; de hecho, Pablo Fernández era en aquel momento director general del área de sociedad de Pescanova y pertenecía a su vez al órgano de administración de nueve de sus filiales; de ahí que el instructor establezca relación entre la caída del grupo y la comisión de estos hechos.
Fianzas cercanas a los 5 millones
A tenor de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y a la que se ha sumado la Abogacía del Estado tras su personación en la pieza, el magistrado concluye que los familiares del que fuera presidente de Pescanova entre 1985 y 2013, podrían haber cometido delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que la cuantía eludida superó los 120.000 euros. Igualmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impone fianzas para cada uno de ellos que oscilan entre los 4,7 millones en el caso de los Fernández Andrade y los 4,8 millones para la mujer del expresidente.
Se trata de un varapalo judicial más para el clan teniendo en cuenta que el juicio por la quiebra de la pesquera arranca el próximo 2 de diciembre y se prolongará, al menos hasta el 26 de marzo del año que viene. De la Mata sentó en el banquillo a un total de 19 exdirectivos de Pescanova, entre ellos Fernández de Sousa y el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade, quienes se enfrentan a una pena de 28 y 12 años de prisión, respectivamente. Además, impuso fianzas 'récord' de 951 millones de euros por el presunto maquillaje de los estados financieros de la pesquera para ocultar "resultados negativos millonarios".
De este modo, el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal dirimirá en una vista oral que arranca en apenas dos semanas si los acusados alteraron el resultado de los ejercicios y se apoyaron en sociedades opacas para generar operaciones comerciales que nunca existieron logrando con ello que muchos inversores y entidades prestaran financiación a la antigua Pescanova por importe superior a los 3.000 millones de euros. Dicha información presuntamente falsa fue trasladada también a la CNMV a través de los informes periódicos remitidos entre los años 2009 y 2012 y la incluyeron en el folleto de ampliación de capital de 124 millones aprobado por el Consejo de Administración del Grupo en julio de 2012.
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