La Fiscalía General del Estado ha presentado este miércoles su Memoria Anual con motivo de la Apertura del año judicial. En ella, el Ministerio Público advierte de que, un año más, el mayor número de procedimientos están relacionados con el delito de estafa. Un hecho que se explica por el incremento de las denuncias que se interponen por esta conducta delictiva. Así lo ha señalado la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en sustitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no ha podido acudir a su primer acto de apertura del curso de los tribunales, como máximo responsable del Ministerio Público, tras haber dado positivo en Covid-19.
La Memoria, que se presenta públicamente este miércoles pero que ya ha sido entregada al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la actuación del Ministerio Público durante el año 2021, dirigida por Dolores Delgado, quien dimitió el pasado julio por motivos de salud. Aunque el documento de más de 1.500 páginas va firmada por el recién nombrado fiscal general del Estado -quien tomó posesión de su cargo este lunes-, los datos no le son ajenos, ya que en su etapa anterior ocupaba el puesto de jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, siendo la mano derecha de Delgado.
Sánchez Conde ha intervenido justo antes del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha vuelto a lanzar un duro reproche al PSOE y PP por mantener bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces desde hace casi cuatro años. La fiscal no ha querido olvidar los acontecimientos que han marcado las anteriores memorias, como las consecuencias de la pandemia de la covid-19 -con las que, ha dicho, se ha seguido "conviviendo" hasta alcanzar la normalidad en los tribunales- o "la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Afganistán".
En esta ocasión, ha lamentado "una guerra en Europa, la desatada por la invasión rusa sobre Ucrania". Por ello, ha resaltado el compromiso de la Fiscalía para defender de manera "firme" los derechos humanos y promover "los valores de la responsabilidad y de la solidaridad frente a los efectos de una crisis humanitaria, económica y energética, protegiendo los derechos de la ciudadanía y de los sectores más frágiles de nuestra sociedad".
Según ha expuesto, en total en 2021 se abrieron casi un millón y medio de causas, lo que supone un crecimiento de cerca del 7% respecto a 2020. Así, haciendo un repaso de cada una de las materias específicas, en las que trabajan los 2.613 fiscales en toda España, la teniente fiscal ha hecho especial hincapié en el compromiso de la Fiscalía para la protección de las víctimas y ha destacado que otro año más "la mayoría de los procedimientos -un 46,68%- se siguen por delito de estafa, lo que sin duda se explica por el mayor número de denuncias". En este sentido, Sánchez Conde ha manifestado la preocupación por el incremento de actuaciones delictivas a través de las tecnologías de la información y comunicación (un 34,5%). "La ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. De ello dan buena cuenta las estadísticas recogidas en la Memoria, y que reflejan un aumento del 257% desde 2017, un 40,47% en el último año", ha agregado.
Anticorrupción, "referente internacional"
En cuanto a una de las Fiscalías que lleva temas más complejos, incluso mediáticos, la de Anticorrupción, la número dos de la carrera fiscal ha subrayado lo mismo que ya afirmó García en el Congreso de los Diputados, durante su examen de idoneidad: que se trata de un "referente internacional que ha demostrado profesionalidad y buen hacer en sus más de 25 años de existencia". "Los datos de la Memoria reflejan un aumento de más del 50% en las investigaciones incoadas durante 2021", ha añadido. Asimismo, ha señalado la necesidad de reforzar la persecución del blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, priorizando que la investigación se dirija desde el inicio a la recuperación de activos.
Con todo ello, Sánchez Conde ha lanzado el compromiso del fiscal general para reforzar "esta lucha" contra la corrupción y ha ofrecido "toda la colaboración institucional para el impulso de propuestas de 'lege ferenda' -una futura reforma de ley- que tengan por finalidad la simplificación y agilización del procedimiento penal, el favorecimiento de la colaboración, la protección de los alertadores, el impulso de los canales de denuncia ante incumplimientos internos, las políticas preventivas y de transparencia, los mecanismos de control de la contratación pública o los avances en las especialización de los tribunales".
Por último, tras reivindicar la reclamación histórica de la Fiscalía de tener mayor autonomía presupuestaria, organizativa, normativa y formativa; la teniente fiscal ha resaltado que los estudios del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) -que supondrá un cambio de modelo y dará la dirección de las instrucciones penales a los fiscales- permiten afirmar que el Ministerio Fiscal "tiene la obligación de demostrar, al igual que ha hecho durante más de dos décadas en la jurisdicción de menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones".
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