La Fiscalía apoya el recurso del etarra Artola contra la "doctrina Parot"

  • La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que estime el recurso del etarra Joseba Artola Ibarretxe, que debía haber salido en libertad en 2006, al considerar que se le aplicó la "doctrina Parot" cuando la liquidación de condena ya era definitiva.

Madrid, 22 sep.- La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que estime el recurso del etarra Joseba Artola Ibarretxe, que debía haber salido en libertad en 2006, al considerar que se le aplicó la "doctrina Parot" cuando la liquidación de condena ya era definitiva.

Así lo han informado a Efe fuentes del Ministerio Público, que han recordado que la Fiscalía se pronuncia caso a caso sobre los recursos presentados ante el Constitucional por los reclusos afectados por la "doctrina Parot" -la mayoría de ellos miembros de ETA- en función de las circunstancias de cada uno.

En el caso de Artola, que el pasado mes de junio ha cumplido 25 años en prisión, la aplicación del nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios establecida por el Tribunal Supremo hizo que la fecha de puesta en libertad se retrasara hasta el año 2016.

La Fiscalía considera, sin embargo, que la liquidación de condena que se le había practicado era ya definitiva, lo que confiere al recurrente unos "derechos adquiridos" que no pueden verse vulnerados por la nueva doctrina, según las fuentes consultadas.

Para la Abogacía del Estado, sin embargo, el recurso de Artola debe ser rechazado puesto que la "doctrina Parot" no supone la aplicación de una nueva pena -de 30 años de cárcel en lugar de la anterior de 20 años-, sino simplemente una modificación del cómputo de los beneficios penitenciarios.

Éstos, según dispuso el Supremo, ya no se descuentan del límite máximo de cumplimiento efectivo -30 años-, sino del total de las penas impuestas, han recordado fuentes de los servicios jurídicos del Estado.

Artola Ibarretxe, miembro del "comando Orbaizeta" de ETA, fue condenado en 1988 a tres penas de 29 años de prisión por los asesinatos del comisario de policía José Luis Raimundo Moya en 1981 en Portugalete (Vizcaya), del peluquero Agapito Sánchez Angulo en 1985 también en esa localidad y del taxista Juan José Uriarte Orue, ese mismo año en Bermeo.

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