Madrid.- La Fiscalía ha apoyado hoy, para evitar cualquier "sospecha" de falta de imparcialidad, el incidente de recusación planteado por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados del Tribunal que deben juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
En un informe remitido hoy a la Sala del 61 del alto tribunal, encargada de resolver la recusación, la Fiscalía argumenta que estos magistrados han entrado a valorar "en numerosas resoluciones" el objeto de la causa contra Garzón, por lo que cree conveniente adherirse a la primera causa de recusación, la de haber participado en la instrucción de la causa penal.
Fuentes jurídicas consultadas en el Supremo han informado de que la Sala del 61 se reunirá previsiblemente el próximo 13 de junio para resolver el incidente de recusación.
En su informe, la Fiscalía explica que su decisión de apoyar las recusaciones no radica en que sospeche de "una actuación futura de la Sala recusada que pueda tildarse de falta de imparcialidad", sino que lo hace "con una finalidad preventiva", para "apartar cualquier sombra de sospecha que pueda empañar la recta aplicación del Derecho".
A lo que se opone "de plano" la Fiscalía es a la segunda causa de recusación -tener interés directo o indirecto en la causa-, porque en ningún momento aprecia falta de imparcialidad subjetiva por parte de la Sala, sino que además "desde este punto de vista, toda su actuación procesal aparece como irreprochable", destaca el escrito.
Para apoyar la recusación, el Ministerio Público recuerda el llamado "caso Liaño" -por el que el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación en el "caso Sogecable"-, al entender que "las similitudes entre ambos asuntos son desde luego innegables".
Por este caso, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó a España, entre otros motivos porque "la imparcialidad del tribunal podía suscitar serias dudas, en la medida que sus miembros habían participado en varios actos de instrucción".
En el caso de Garzón, destaca la Fiscalía, "la Sala ahora recusada, a través de numerosas resoluciones, admitió la querella", que hizo "una valoración muy profunda de los argumentos que sustentaban la querella y de las resoluciones presuntamente prevaricadoras", además de rechazar "todos los recursos planteados por el querellado, así como las insistentes y muy fundadas solicitudes de sobreseimiento instadas por el Ministerio Fiscal".
La Fiscalía ya respaldó la admisión a trámite del incidente de recusación, señalando que dichos magistrados estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de la causa, mientras que el sindicato Manos Limpias, que promovió esta causa contra Garzón, se opuso a las recusaciones.
La recusación fue admitida parcialmente por el magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar, al observar que esos magistrados han participado en la instrucción de la causa, aunque rechazó que tuvieran interés directo o indirecto en el procedimiento.
Los recusados son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.
Garzón recusó a los cinco esgrimiendo dos motivos: que estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de este procedimiento y por haber mostrado interés en la misma.
De los cinco, únicamente Joaquín Giménez se ha mostrado favorable a la admisión de la primera causa, al entender que la Sala "ha efectuado inequívocos actos de instrucción y ha estado en contacto con el material de instrucción y ello ha cuestionado la imparcialidad objetiva que debe transmitir en su actuación", aunque rechazó la segunda.
Por su parte, los otros cuatro magistrados suscribieron un informe en el que señalaban que no se ha visto afectada su imparcialidad y aseguraban que no albergan "una idea preconcebida acerca de la culpabilidad o ausencia de ella del recusante".
Los otros dos magistrados que deben juzgar a Garzón, además de los recusados, son Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.
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