La Fiscalía cree que la Audiencia Nacional debe "esclarecer" operaciones CAN

Madrid, 17 jun.- La Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Eloy Velasco de inhibirse a favor de un Juzgado de Pamplona sobre operaciones de Caja Navarra que no han sido debidamente "esclarecidas", al considerar que debe ser la Audiencia Nacional la que investigue si supusieron "la dilapidación" de su solvencia.

En un escrito remitido al magistrado, la fiscal Dolores Delgado reclama a Velasco que revoque parcialmente el auto que dictó el pasado jueves en el que pedía a un Juzgado navarro que asumiera las operaciones de Caja Navarra denunciadas por la asociación Kontuz! y archivaba la causa sobre presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica.

La representante del Ministerio Público estima que Velasco se basó para ello en una "pericia incompleta" por parte del Banco de España, ya que según manifestaba el propio juez, faltaba información sobre "operaciones sospechosas de criminalidad" que no le había enviado la Fundación Caja Navarra y cuya "repercusión" en los hechos investigados y sobreseídos es "evidente".

Unas operaciones que, resalta la fiscal, "presuntamente habrían supuesto la dilapidación de la solvencia de la CAN, el falseamiento de la contabilidad o la realización de operaciones económicas que hubieran afectado a la solvencia de la entidad".

Asimismo, no han sido "esclarecidas", pues los propios peritos del supervisor que realizaron el informe aseguraron que no podían pronunciarse sobre ellas ante la falta de documentación.

En su escrito, la fiscal recuerda que a lo largo de la causa ya ha opinado que es este tribunal el que debe investigar el "posible falseamiento de la contabilidad" de la caja, con una contabilidad creada "ad hoc", incluyendo la "indebida contabilización de plusvalías como la minusvaloración de activos mediante artificios contables".

También la "presunta despatrimonialización" mediante inversiones "a un precio irreal a favor de determinadas personas, que se habrían lucrado de esta manera con los fondos de la entidad, y compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado a empresarios con créditos" en la misma.

De todo ello se desprende un "extraordinario perjuicio patrimonial para una generalidad de personas con grave afectación a la seguridad del tráfico mercantil y seria repercusión en la economía nacional", y una "amalgama de delitos societarios, unidos a la apropiación indebida y a la maquinación para alterar el precio de las cosas" que justifican la competencia de la Audiencia.

Según la fiscal, "se han constatado operaciones realizadas fuera del territorio de Navarra tanto en la expansión de la red de oficinas como en inversiones inmobiliarias", y existen además precedentes "por todos conocidos" de otros procedimientos abiertos a las cúpulas de las antiguas cajas de ahorro con ámbito territorial que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.

Por ello, la inhibición "de estos hechos con apariencia delictiva, que pudieron ocasionar la existencia de graves fraudes que afectan a los casi 1.000 millones de euros aportados por el FROB", no puede investigarse en un Juzgado de Pamplona, concluye.