El Cairo, 29 dic.- El fiscal general egipcio, Talaat Ibrahim Abdalá, ordenó hoy que se prohíba salir del país a 26 de los "símbolos" del régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak, incluido este último, informó la agencia oficial egipcia Mena.
Según la fuente, Abdalá emitió, además, órdenes para congelar los fondos y propiedades inmobiliarias de esos 26 altos cargos, entre los que están también los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, su esposa Suzan o su exprimer ministro Ahmed Nazif.
Las citadas medidas, que se enmarca en las investigaciones de la Alta Fiscalía General de Fondos (encargada de delitos económicos), afectan también a varios expresidentes del Consejo de Administración de "Al Ahram", la gran institución estatal que difunde, entre otros, el principal diario oficialista del país. EFE
Entre los afectados destacan, asimismo, las esposas de Alaa y Gamal, el exjefe de gabinete de Mubarak, Zacaria Azmi, al expresidente del Consejo de la "Shura" (Cámara alta), Safuat Sherif, y al antiguo presidente de la Cámara baja, Fathi Surur.
La edición diital del diario "Al Ahram" publico, por otra parte, que el abogado Naser al Asqalani pidió hoy a la Fiscalía que retire la denuncia que él mismo presentó hace un mes contra líderes de la oposición no islamista como Amro Musa, Hamdin Sabahi y Mohamed el Baradei.
El letrado había denunciado a los líderes de la oposición por un supuesto plan de incitación para derrocar al presidente egipcio, Mohamed Mursi.
En el comunicado difundido este sábado, Al Asqalani presentó su "respeto" a los líderes de la oposición y justificó su denuncia en que "se produjo en un momento en el que había muertos", y en que la hizo "por miedo a que Egipto cayese en la violencia".
De todos modos, el Tribunal de Apelación de El Cairo tiene aún sobre la mesa la investigación de otra denuncia formulada contra los políticos por el abogado Hamed Sadiq, quien los acusó de conspirar con Israel para hacer caer el gobierno.
En declaraciones a Efe, el destacado abogado Ramadán Fathalá consideró que la denuncia de Al Asqalani fue un paso político para presionar a las fuerzas no islamistas, y que, como ya fue superada la tensión, ese abogado decidió retirar su denuncia.
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