La Fiscalía General del Estado ha anunciado que empleará los "medios legales" a su disposición para preservar "la independencia de los tribunales", tras manifestar su "rechazo" a "los nuevos ataques" ocurridos hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración del presidente Artur Mas por la celebración de la consulta del 9N.
Artur Mas está imputado por impulsar la consulta, prohibida en su momento por el Tribunal Constitucional, junto a la consejera de Educación, Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega.
Como ha señalado lainformacion.com, Mas ha estado arropado por los consellers de su gobierno, líderes de varios partidos políticos y 400 alcaldes a su entrada y salida del TSJC, y en el exterior le esperaban miles de personas para darle su apoyo.
"En cumplimiento de la función de defensa de la independencia de los tribunales que el Ministerio Fiscal tiene constitucionalmente encomendada, manifiesta su rechazo ante los nuevos ataques a dicha independencia que han tenido lugar hoy a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y expresa su apoyo a este tribunal y a los fiscales en el ejercicio de sus funciones", afirma el comunicado.
Para la Fiscalía, estos comportamientos "son todavía más censurables cuando provienen de cargos públicos que tienen un deber reforzado de respetar el sistema democrático de división de poderes".
La Fiscalía, cuyo titular es Consuelo Madrigal, no precisa en la nota cuáles pueden ser esos "medios legales" a su alcance, "para preservar la independencia de los tribunales", tras manifestar su "rechazo" a "los nuevos ataques" ocurridos hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración del presidente Artur Mas por la celebración de la consulta del 9N.
Fuentes consultadas aseguran que la reiteración de los hechos podría provocar "nuevas querellas" de la Fiscalía contra los cargos públicos que han arropado a Artur Mas, en especial contra los alcaldes, que podrían ser inhabilitados.
La Fiscalía se suma de este modo a las críticas del Consejo del Poder Judicial por las movilización de cargos públicos en protesta por las imputación de Artur Mas, Irene Rigay y Joana Ortega, por la consulta del 9-N.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) criticó hace un par de días con dureza las concentraciones convocadas frente al Palacio de Justicia para apoyar a los imputados por la organización de la consulta del 9N, prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional.
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