La Fiscalía insiste en apuntar que el uso del móvil puede ser un factor determinante en los accidentes de tráfico. El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha recordado este jueves que el pasado mes de julio remitió a las policías de tráfico un oficio para que estas pudiesen solicitar al juzgado correspondiente autorización para investigar los datos del teléfono de los accidentados en carretera. Una medida que busca discernir si el conductor implicado en un siniestro estaba hablando en ese momento o inmediatamente antes, informa EFE, y que ya fue avalada por el director de la DGT, Pere Navarro.
Otra de las prioridades de Vargas es acabar con las aplicaciones que permiten a los conductores conocer con antelación dónde están situados los controles de tráfico o los radares que controlan la velocidad. El fiscal ha avanzado este jueves que estudia una reforma que regule el "vacío legal" existente en torno a la proliferación de estas aplicaciones de móvil, que también alertan de las revisiones por el consumo de drogas.
Vargas ha sugerido esta reforma -"que tiene que ser muy meditada"- en una rueda de prensa en la que ha destacado que ha remitido un nuevo oficio a todas las policías de tráfico para que le informen "exhaustivamente" sobre las aplicaciones existentes, fundamentalmente de móvil, que alertan a conductores de los puntos de controles policiales. La fiscalía pretende que las policías le informen de cuáles son las "app" y herramientas tecnológicas que siguen estas prácticas en sus territorios, su "modus operandi" y los daños o perturbaciones que ocasionan a los controles referidos y las fuentes de las que obtienen la información.
Con ella, la Fiscalía "estudiará" una posible reforma legal que podría incorporarse a la ley de Seguridad Ciudadana o a la ley de Tráfico, si bien no ha precisado si esta modificación supondría la prohibición de estas aplicaciones. "En el control se salvan vidas, se salvan la vida del conductor, de los ocupantes y de terceras personas", ha enfatizado Vargas antes de reiterar que estos avisos están produciendo un perjuicio "grave" a la seguridad vial pues la estabilización de los datos de siniestralidad pueden estar relacionados con la ineficacia de estos controles.
El fiscal coordinador de Seguridad Vial ha lamentado que estos preavisos obliguen a los agentes a realizar controles muy cortos porque las aplicaciones enseguida "cazan" su presencia, sin olvidar que estas alertas pueden permitir también que delincuentes se sustraigan a la acción policial. "Hay un vacío legal y por eso el fiscal pide un informe exhaustivo sobre lo que está sucediendo", ha apostillado Vargas que ha dejado claro que una posible reforma legal debe cumplir con el equilibrio entre "la libertad y la seguridad vial".
Sea como fuere, ha insistido Vargas, "no debe impulsarse la cultura de que pasado un radar se pueden infringir los límites legales de velocidad", ya que hay un porcentaje "no desdeñable" de conductores que tras el aviso de una app van preparados "para dar rienda suelta a la velocidad". También ha aprovechado el fiscal para abordar la problemática creciente en las ciudades en torno al fenómeno de los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, aún sin regular. Vargas ha subrayado que los policías pueden "inmovilizar" estos vehículos si el conductor circula temerariamente o provoca un riesgo para el peatón.
Ha recordado a las policías municipales que pueden ejercer sus facultades de retirada y depósito del vehículo implicado, es decir, de la bici y del patinete y que la negativa de sus conductores a someterse a controles de alcohol y drogas es sancionable. Y cuando un ciclista o un conductor de patinete estén implicados en un accidente con resultado grave para un peatón, los agentes deberán levantar un atestado pro un delito de imprudencia grave en el caso de se compruebe un mal estado del vehículo o del conductor, como por ejemplo que vaya bebido o drogado o si lleva auriculares puestos, así como si circula con riesgo para los viandantes.
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