La fiscalía pide 41.250 euros de multa para camps por los trajes del “caso gürtel”

La Fiscalía Anticorrupción presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) su escrito de acusación en el caso de los trajes y regalos de la trama “Gürtel” y solicitó que se condene al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al pago de una multa de 41.250 euros al atribuirle un delito continuado de cohecho.
El Ministerio Público pide que se impongan sendas multas, también de 41.250 euros, al ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa y al antiguo jefe de protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret, y una sanción de 35.000 euros al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, según se recoge en el escrito de acusación.
La Fiscalía les acusa de un delito continuado de cohecho. En todos los casos se solicita la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
En su relato de hechos, el fiscal afirma que entre los años 2005 a 2008, el presunto cerebro de la trama del “caso Gürtel”, Francisco Correa, su “número dos”, Pablo Crespo, y su representante en Valencia, Álvaro Pérez, alias “El Bigotes”, con el fin de ganarse la amistad y el favor de algunos funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en la Comunidad Valenciana, les hicieron llegar de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir.
“Todos ellos aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos”, señala el escrito. La participación de Crespo, Correa y Pérez en los hechos es objeto de otro procedimiento.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita como pruebas que en el juicio, cuya fecha está todavía por determinar, además de los acusados declaren un total de 22 testigos. También solicita prueba pericial de funcionarios de la Policía, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
El Ministerio Público pide además que se aporten para el juicio 75 documentos de distinta naturaleza, como bancaria, tributaria, judicial y mercantil entre otras, así como la audición de documentos sonoros.