Madrid.- La Fiscalía ha pedido hoy al Tribunal Supremo (TS) que confirme las penas impuestas por la Audiencia Nacional a dos integrantes y dos colaboradores del comando Donosti de ETA desarticulado en marzo de 2007, al considerar que existen pruebas suficientes de su relación con la banda terrorista.
La Sala de lo Penal del TS ha visto hoy los recursos presentados por Juan Carlos Herrador y Arkaitz Agote, condenados a 19 años de prisión por los delitos de pertenencia a banda armada y depósitos de explosivos, y por Iñigo Orue y Gaikoitz Pascual, a los que la Audiencia Nacional impuso 5 y 6 años de cárcel, respectivamente, por colaboración con la organización terrorista.
La fiscal se ha opuesto a los recursos de los cuatro condenados y ha sostenido que las declaraciones que realizaron ante la Policía tras su detención fueron válidas ya que "no hay un solo dato" que permita dilucidar que se produjeron bajo maltrato, como han alegado las defensas.
Además, ha asegurado la representante del Ministerio Público, las declaraciones que prestaron los acusados han sido contrastadas y en los registros -ha recordado- se incautó abundante material explosivo.
La fiscal ha recordado también que el jefe del comando, José Ángel Lerín, al que la Audiencia Nacional condenó a 26 años de prisión, no ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
La defensa de Herrador y Agote ha pedido al tribunal que case la sentencia y, en lugar de pertenencia a banda armada, imponga a ambos una condena por colaboración y se les absuelva de la de tenencia de explosivos.
Respecto a la condena por tenencia de explosivos, la representación de Herrador ha considerado que no hay pruebas directas, sólo "indiciarias y débiles" de este delito que, ha argumentado, no cabe decir que por ser miembro de ETA tenga libre disposición sobre los explosivos.
También ha calificado de "vago" el escrito de acusación de tenencia de explosivos sobre Agote, a quien, ha dicho, se le condenó por tener a su disposición "azúcar".
El abogado de Orue y Pascual ha pedido al TS que les absuelva a ambos del delito de colaboración y ha dicho que el segundo fue condenado por unos hechos que no estaban incluidos en la orden europea de detención que se dictó contra él.
La Audiencia Nacional condenó a Orue y Pascual por ayudar al comando a trasladar explosivos y a elaborar información sobre objetivos de la banda.
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