La Fiscalía descarta que la actuación de la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, durante el inventariado de los bienes del Pazo de Meirás fuera irregular. El Ministerio Público asegura que no se da ni uno de los requisitos exigidos para investigar penalmente a la técnico del organismo responsable de los bienes del Estado, imputada desde el pasado mes de abril, por lo que solicita al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid que archive la querella presentada por los nietos del dictador Francisco Franco por prevaricación, falsedad en documento público, estafa procesal o revelación de secretos.
Los hechos se remontan a noviembre de 2020, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña autorizó, como medida cautelar, la petición de la Abogacía del Estado de registrar la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior de la emblemática finca, después de que la familia Martínez-Bordiú trasladara su intención de comenzar la mudanza de los bienes tras ser condenados a devolver al Estado la residencia de verano de su abuelo, declarada Bien de Interés Cultural.
En consonancia con el contenido de ese inventario, los herederos del dictador presentaron la querella contra Benito al considerar que ni su presencia ni su participación en dicho acto estaba amparada por una resolución judicial, ya que no formaba parte del grupo de especialistas que la juez designó para dicha tarea. "Su nombre fue propuesto sorpresivamente en el propio acto de inventario de bienes muebles del Pazo de Meirás", subraya la querella.
En el informe titulado "Bienes muebles de la primera mitad del siglo XX de carácter institucional", la encargada de Patrimonio Nacional para hacer el inventario en cuestión señala que dentro del inmueble existen muebles, vajillas o tapices "que claramente fueron creados para su adorno en los primeros años de uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del entonces jefe del Estado". Todos ellos fueron realizados por la mencionada Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas, a excepción de una alfombra tejida en la Real Fábrica de Madrid. En dicho listado se incluyen además libros, sofás tapizados, incluso una pantalla de chimenea tapizada, encargada en 1880 por Alfonso XII para confeccionar las cortinas del entonces recién creado nuevo Comedor de Gala del Palacio Real de Madrid; o tejidos que vistieron la sala de recibir de la Reina Victoria Eugenia en el mismo lugar.
Descarta la "arbitrariedad"
La familia Franco entendió que Pilar Benito se "extralimitó" en sus funciones redactando dicho informe con el ánimo de perjudicarles y que, en este sentido, afirmó de manera falsa que todos los bienes pertenecen a Patrimonio Nacional. Por ello, decidieron interponer la querella que la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz, admitió en abril, imputando así a la responsable de Conservación.
Sin embargo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid no ven la comisión de ningún delito en esta actuación, pues aseguran que sí consta la autorización judicial para que Benito trabajara en el recuento de bienes de la finca que ha estado en posesión de la familia de Francisco Franco durante más de 80 años. En un informe presentado a finales del mes de julio, al que ha tenido acceso La Información, el fiscal destaca que la técnico de Patrimonio Nacional participó en el inventario a instancia de los servicios jurídicos del Estado y tras recibir el visto bueno de la juez de La Coruña. Este hecho hace descartar cualquier "arbitrariedad", añade el escrito.
Así, el Ministerio Público se adhiere a la petición de la Abogacía del Estado para que la juez de Madrid cierre la causa abierta contra Benito, en la que además, recientemente, los Franco han pedido que se impute también a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, como conocedora de los pormenores del inventario que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2020 y por requerir a la ya investigada su intervención.
No hay pruebas de la filtración
Para Fiscalía los hechos descritos en la querella no son constitutivos de ningún delito de prevaricación, ni de falsedad o estafa, "ni tampoco un delito de revelación de secretos". Sobre este último, el fiscal hace hincapié en que los nietos de Franco acusan a Benito de filtrar su informe a la prensa por el simple hecho de ser la autora y basándose en "meras sospechas o conjeturas". "Nada se concreta, más que el hecho notorio que el informe fue elaborado por la querellada el día 27 de noviembre de 2020 y fue publicado el día 7 de diciembre de 2020 en un medio de comunicación", dice al respecto el Ministerio Público. Por ello, también pide el archivo de la querella por este presunto delito porque "no se ha podido indicar ningún tipo de participación de la investigada" en la filtración del documento a un medio de comunicación concreto.
Aunque la juez de Madrid Cristina Díaz esté investigando si la técnico de Patrimonio Nacional cometió algún delito a la hora de participar en el inventario de la residencia gallega del dictador, es necesario recordar que dicha actuación quedó sin efecto el pasado 20 de abril después de que la Audiencia Provincial de La Coruña afirmara que no cabe la práctica de medidas cautelares hasta que la sentencia que determinó que el pazo es propiedad pública sea firme. Y es que en ningún momento se ha acordado que los muebles sean también propiedad del Estado.
En aplicación de esta resolución, el Juzgado que ha dirimido todo el asunto del Pazo de Meirás decidió un mes más tarde paralizar todas las actuaciones hasta que se resuelva qué bienes pueden llevarse la familia de Franco y cuáles deberán permanecer en el inmueble.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios