La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el que solicita al juez que designe administrador judicial para las empresas con activos patrimoniales del comisario en prisión provisional José Manuel Villarejo, ya que podría afrontar multas por importe superior a los 78 millones de euros en responsabilidad civil sólo por los delitos de blanqueo que se le imputan, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.
En concreto, el Ministerio Público pide al instructor Manuel García Castellón que tutele el patrimonio bloqueado a Villarejo y en particular, las mercantiles que cuentan con activos patrimoniales, participaciones sociales de valor e inmuebles, es decir, las que tienen actividad comercial real. Quedarían fuera las que no titulan patrimonio, aunque sigan intervenidas y tengan que ir a concurso o designar su propio administrador.
El objetivo es garantizar la conservación de ese patrimonio de cara a las responsabilidades civiles que se pudieran derivar si Villarejo es condenado por los delitos que se le imputan. Según las mismas fuentes, sólo en multas por los delitos de blanqueo podría tener que afrontar una responsabilidad pecuniaria de 78 millones de euros, aunque se trata de una estimación provisional que podría variar en caso de que se le fueran atribuyendo nuevos hechos delictivos.
La cifra corresponde a la horquilla máxima de las sanciones por blanqueo, el triple de la cantidad defraudada. Los investigadores parten de que Villarejo habría blanqueado todas las dádivas recibidas por sus actividades y en este punto de la investigación, se le imputan tres remuneraciones de cinco, once y diez millones de euros, 26 millones en total por esos 'trabajos' presuntamente ilícitos que venía realizando.
A esta cantidad habría que sumar la responsabilidad civil que se pudiera derivar de otros delitos que se le imputan, especialmente de los de revelación de secretos, cuyos perjudicados podrían a su vez, reclamar una indemnización llegado el momento, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Para garantizar que Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, pueda afrontar estas posibles responsabilidades, Anticorrupción solicita al juez que nombre un administrador sobre las mercantiles, cuyo patrimonio estima en algo más de 20 millones de euros sólo en España y sin perjuicio de que el comisario pudiera tener más bienes en el extranjero.
De acuerdo a las mismas fuentes, de ese patrimonio, cinco millones de euros corresponden a participaciones sociales y unos 12 millones de euros a inmuebles gestionados por las mismas mercantiles, incluida su vivienda en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Asimismo, se mantienen bloqueados los saldos bancarios que se intervinieron tras su detención y en los que conserva una cantidad de entre dos y tres millones de euros, después de que el juzgado haya venido autorizando pagos corrientes como facturas e hipotecas a instancias del propio Villarejo y su familia.
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