La fiscalía pide juzgar a 61 socios de la auditora pwc

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy un escrito de acusación solicitando a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra 61 socios de la entidad PricewaterhouseCoopers (PwC) en España a los que acusa de haber cometido diversos delitos contra la Hacienda Pública.
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción también responsabiliza de delitos contra la Hacienda Pública a las sociedades PricewaterhouseCoopers SL, PricewaterhouseCoopers Jurídico y Fiscal SL, PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL e IBM Global Services España SA (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting S.L.), como responsables civiles subsidiarias.
El Ministerio Fiscal solicita para los 61 socios de PwC penas de entre dos y 14 años y diez meses de prisión por delitos fiscales y pide las máximas penas contra José María Tajadura, administrador solidario de PwC Consulting y responsables de Operaciones en España, y César Rodríguez Ramos, socio responsable de la división fiscal y legal de PwC. Solicita, además 12 años y diez meses de cárcel para el expresidente PwC Miguel Fernández de Pinedo.
En concreto, los delitos se derivan de dos operaciones. Por un lado, Anticorrupción constata que los socios de PwC no declararon ante la Hacienda Pública Estatal y Foral la percepción global de 20.969.168’09 € en concepto de bonus. Dicha cantidad fue entregada a los mismos en enero de 2.002 como retribución por su trabajo en la citada empresa.
Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos. Esta venta fue llevada a cabo en octubre de 2.002. En la fecha de la recepción por los socios, enero de 2.002, ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio.
Los socios denunciados son aquellos a los que se imputa una defraudación al erario público por su IRPF superior a 120.000 euros. Paralelamente, las sociedades PwC Auditores SL, PwC Jurídico y Fiscal SL, PwC Asesores de Negocios SL y PwC Consulting SL, donde prestaban sus servicios los socios afectados, omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Las cantidades que dejaron de ingresar ascienden a 4.002.642 euros, en el caso de PWC Auditores SL, 1.659.144, en PwC Jurídico y Fiscal SL, 848.869 en PwC Asesores de Negocios y 3.140.788 EN PwC Consulting.
VENTA DE IBM
Por otro lado, el Ministerio Fiscal denuncia también delitos contra la Hacienda Pública derivados de la omisión de declaración en el Impuesto de Sociedades de PwC SL e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de la División de Consultoría de PwC S.L. a IBM llevada a cabo en octubre de 2.002.
La Fiscalía imputa que para evitar el pago de la deuda fiscal se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando la realidad de la operación fue la venta de la empresa, con el fin de omitir la debida tributación por el Régimen General del impuesto de Sociedades y el ingreso en el Erario Público de la cuota debida. La cuota defraudada que se imputa por este hecho ascendió a 18.365.210,88 € por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.
Como consecuencia de esta operación simulada PricewaterhouseCoopers SL, propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de la Consultoría, siendo los propios socios de PwC, y no la sociedad, quienes formalmente vendieron la División a IBM.
Posteriormente los socios declararon indebidamente en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos. El total de las cuotas tributarias defraudadas por los socios como consecuencia de ambas operaciones, supera los 12 millones de euros y el importe total de las cuotas defraudadas imputadas supera los 40 millones de euros.