Murcia.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia está "preocupada" por la puesta en libertad bajo fianza del ingeniero Renato de Noce, uno de los tres detenidos en el marco de un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la expansión de la zona norte de la capital murciana, han informado a EFE fuentes de este órgano judicial.
El juez instructor del caso, David Castillejo, decretó ayer, tras tomar declaración a De Noce, la prisión eludible bajo fianza de 120.000 euros, frente a la solicitud del fiscal de prisión incondicional.
Para la Fiscalía, existe el riesgo de que Noce se sustraiga a la acción de la Justicia, lo que el juez instructor ha descartado por tratarse de una persona con "arraigo" en Murcia.
El juez Castillejo, que ayer tomó declaración durante todo el día a los tres detenidos, también decretó la puesta en libertad bajo fianza de 70.000 euros del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y del abogado Higinio Pérez, para quien fijó una fianza de 100.000 euros.
La Fiscalía había pedido para Guerra una fianza de 150.000 euros y para Pérez otra de 240.000.
Los tres tienen de plazo hasta mañana para presentar estas fianzas y eludir la prisión.
En relación con estas diligencias, fuentes judiciales han indicado hoy que numerosos funcionarios públicos y empresarios pasarán en las próximas semanas por el Juzgado, entre ellos personas que puedan contribuir al esclarecimiento del caso como testigos.
Las mismas fuentes no han descartado la posibilidad de que también sea citado algún cargo público.
Todo dependerá, han añadido las fuentes, de la información que se obtenga del material incautado en los registros efectuados el pasado martes, que está siendo analizado por agentes de la Guardia Civil y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región.
Entre las personas que deberán prestar declaración ante el juez instructor como imputados se encuentran el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, que está citado para mañana, y el empresario y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que deberá comparecer el próximo 15 de octubre.
La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona, entre ellos el del complejo Nueva Condomina promovido por Jesús Samper.
Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.
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